Según los datos que maneja la Consellería de Medio Rural, en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes están registrados 111 montes comunales, que ocupan 15.380,70 hectáreas. Esta superficie se reparte de forma muy desigual, pues un tercio de la misma, en concreto 5.702 hectáreas, se localizan solo en los montes de Forcarei. Es una cuestión lógica, "ya que las mancomunidades de montes se ubican sobre todo en zonas de montaña, no en lugares de pastoreo", explica la ingeniera de montes Cristina Gende, afincada en Merza (Vila de Cruces). Así pues, Tabeirós-Terra de Montes tiene, en comparación con Deza, una tradición de montes mancomunados mucho más arraigada: en Forcarei hay 46 montes comunales, a los que se suman otros 30 en Cerdedo (con un total de 2.534 hectáreas) y un único en A Estrada, en San Miguel de Barcala, con 109 hectáreas.
"Deza no es de las comarcas que menos montes mancomunados tienen, pero tampoco destaca por ser la que más", explica Gende. Sus seis municipios se reparten 7.035 hectáreas de montes mancomunados (recordemos que en Tabeirós-Montes son 8.345), con especial protagonismoa de Lalín y Vila de Cruces. La cabecera comarcal tiene inscritos en Medio Rural 16 montes, con un total de 2.630,99 hectáreas. Destacan, por su superficie, los montes de Busto, con sus 346 hectáreas y que se clasificó en 1982. Este monte, además, es uno de los dos de Lalín (el otro es el Monte dos Muiños) que ya cuenta con un plan de ordenación, un requisito que en teoría será obligatorio en 2017 y que cumplen solamente 18 de ese más de un centenar de montes registrados. En cuanto a Vila de Cruces, dispone de 2.035 hectáreas repartidas en seis montes, en el que destaca el denominado Monte de Losón, con 1.544 hectáreas repartidas entre los montes de Brandariz, Cumeiro, Fontao, Merza y Salgueiros. Esta superficie se registró ya en 1976.
Las cifras son más modestas para los cuatro concellos restantes, debido o bien a su superficie o a su actividad ganadera. Agolada llega a las 775 hectáreas mancomunadas, con 4 montes, en el que destaca el Monte de Arriba, con 443. Silleda cuenta con 149 hectáreas en mano común (cuatro montes), Rodeiro tiene 255 (seis montes) y Dozón 745,38 repartidas en ocho entidades.
Gende señala que el uso colectivo de los montes está ligado a los lugares más cercanos a éstos, que lo utilizaban como pastoreo, para sacar leña, piñas... "La geografía condiciona el uso de los recursos, y la propiedad comunal está ligada a los asentamientos", explica. Hay casos, como en el Monte de Pena de Francia, en Dozón, en los que ese uso ancestral está recogido en documentos de mediados del siglo XVIII. Pero la legislación no daría un reconocimiento a este uso colectivo hasta la primera Ley de Montes, de 1957, y su ampliación en una norma de 1980. Precisamente, será durante la década de los 80 cuando se registren buena parte de los montes de la zona.
Pero justo cuando se empieza a legislar es cuando se ha perdido ya "el vínculo de los vecinos con el monte, debido al abandono del rural durante la década de los 50 y los 60". Este abandono explica, por ejemplo, que no hayan vuelto a utilizarse los pastos comunales, o que se realicen plantaciones forestales en lugares donde antes se hacía pastoreo, como ocurrió en Serra de Barrio, Vila de Cruces. Resulta paradójico, también, que haya montes disponibles para pastoreo y que la agricultura siga siendo sobre todo intensiva. Gende también explica que "hay varias comunidades de montes que se organizaron a raíz de las expropiaciones del TAV o de la autopista, que de repente ingresan mucho dinero y no saben cómo gestionarlo, debido a esa pérdida de vínculo con el territorio". En otras ocasiones, los ingresos que se perciben por el monte comunal no se invierte en la propia explotación del monte, "sino en mejoras de los caminos, en locales sociales o en obras de los lugares que tienen derechos sobre el monte". Gende echa en falta una mayor inversión en dinamizar el monte, con más implicación de la gente joven pero también de la administración, que además debería cambias su actual política, "en la que la mitad de sus fondos van para extinción de incendios, en lugar de para prevención".
