13 de noviembre de 2016

El gobierno reitera su estimación de más de 800.000 euros para la regularización laboral

Sostiene que el PP se escuda en un "debate de cifras" para "esconder su responsabilidad en los contratos en fraude de ley" - Recuerda los informes que alertaban de las irregularidades

13.11.2016 | 01:38

El gobierno lalinense explica al portavoz del PP, José Crespo, que los datos que dio el alcalde, Rafael Cuiña, en el último pleno municipal en cuanto a los gastos derivados del proceso de regularización de personal impuesta por la Inspección de Trabajo están "confirmados por los servicios de Intervención". "A falta de cerrar de forma definitiva los números", manifiestan desde la Alcaldía, la cuantía que manejan los servicios económicos municipales es la que se hizo pública en la sesión plenaria con la ratificación de la propia interventora, presente en la sala: Es decir, más de 800.000 euros.

"Por muchas acusaciones que viertan sobre nosotros los directamente implicados en los contratos fraudulentos, tenemos que trabajar sobre los cálculos hechos por los servicios económicos", estimados en "cerca de un millón de euros", insiste el ejecutivo de Cuiña. Al mismo tiempo, vuelve a mostrar su "máxima preocupación por el tremendo impacto que va a tener para las arcas municipales el elevadísimo coste de la regularización". Concreta que las cuentas elaboradas por los citados servicios económicos hablan de 260.000 euros para solventar las irregularidades de trabajadores del Padroado Cultural y de 600.000 más para la incorporación de 38 empleados del Concello.

Tras dar cuenta de una situación que califica de "pastel envenenado heredado", el cuatripartito acusa al PP de querer centrar el debate sobre esta cuestión "obsesionándose con una cifra económica", para tratar así de "eludir su responsabilidad directa sobre las contrataciones fraudulentas que existían en este Concello, en algunos casos arrastradas desde los años 90". E indica que así lo dice la Inspección Provincial de Trabajo. En esta línea, el gobierno pregunta de nuevo si en etapas anteriores había en Lalín "vecinos con derechos adquiridos por encima de otros a la hora de acceder a un contrato público". "Los que ahora tratan de minimizar las consecuencias económicas de esta regularización deberían dar alguna explicación sobre esto", apostillan desde el ejecutivo. También recuerdan el informe jurídico emitido en 2012 y aprobado por la junta de gobierno que alertaba de "múltiples irregularidades" en la contratación de personal laboral. Por tanto, el gobierno vuelve a inquerir por qué el PP no adoptó las medidas necesarias para regularizar las plazas y demanda que se aclare todo lo necesario a este respecto.

En cualquier caso, el cuatripartito promete que mantendrá "un tono correcto" sobre este asunto "tan grave", con el objetivo de que "el clima con la oposición sea lo más favorable para buscar soluciones tanto a este como a otros problemas".

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