En el pleno de la corporación lalinense de ayer no se abordaron los presupuestos para 2017, pero sí una serie de iniciativas que van a condicionar la elaboración de las próximas cuentas municipales. La parte económica centró gran parte de una sesión en la que, como era previsible, PP y el edil no adscrito Juan José Cruz forzaron la supresión del impuesto de plusvalías y con ello una merma de ingresos de unos 290.000 euros. Al margen de lo ya previsible, como la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana al 0,4%, que supone otra caída en la recaudación de 450.000 euros, el anuncio más destacado partió desde la presidencia del pleno. El alcalde, Rafael Cuiña, desveló que el proceso de regularización del personal municipal costará unos 860.000 euros; un nuevo varapalo para las arcas municipales.
Aunque el mandatario habló de un millón de euros, en el desglose de las cifras indicó que para acatar la resolución de Trabajo son precisos 60.000 euros de atrasos para el personal del Padroado Cultural y otros 200.000 para normalizar la relación contractual de estos empleados con el Concello. Solventada la parte del organismo cultural, quedarían 34 trabajadores y otros 4 interinos más, cuya regularización tendría un coste de 600.000 euros. La parte del Padroado son ya datos concluyentes, mientras que la de los 38 trabajadores en proceso de acuerdo son cifras estimadas que Cuiña atribuyó a informes técnicos. Al margen de un episodio, dentro de la comparecencia del mandatario a petición propia por la política de contratación del anterior grupo de gobierno, en el que se sometió a preguntas de su teniente de alcalde, Nicolás González Casares, pidió a la bancada popular si no creían que debían asumir responsabilidades políticas. Su portavoz, José Crespo, lejos de compartir esta tesis, indicó que problemas como este son comunes en concellos y otras administraciones públicas que desean ofrecer servicios a sus ciudadanos y lo hacen mediante competencias impropias. Puso como ejemplo ayudas de la Xunta, luego casi retiradas, para sostener servicios de emergencias o sociales. Y añadió que contratados en otros concellos que denunciaron su situación lograron un puesto fijo. Mientras Cuiña hablaba de esta carga económica como "otra bomba nuclear más", Crespo insistía en que el conservatorio es otro servicio impropio del que los lalinenses deben sentirse muy orgullosos por la rentabilidad social que tuvo. El alcalde dejó caer que el PP era consciente de las ilegalidades ahora ratificadas por inspección de Trabajo desde hace años, por prórrogas de contratos irregulares. Citó un informe obviado en la junta de gobierno de diciembre de 2012 que alertaba de las ahora consecuencias.
Mucho debate hubo en la modificación de las ordenanzas fiscales para 2017. Sobre la rebaja de la contribución el edil Francisco Vilariño indicó -antes lo había hecho la concejala Teresa Varela- que el gobierno local está realizando la rebaja de impuestos nunca conocida. Culpó al anterior gobierno de haber subido el IBI en una década el 180% o que la presión fiscal pasó de 110 a 279 euros por vecino, además de reprochar que con presupuestos de 20 millones de euros el PP nunca había tocado el IBI. Los populares recordaron al ejecutivo que en el año en curso sí habían subido este tributo, desoyendo la propuesta idéntica a la aprobada ayer por unanimidad. En esta misma línea -el ejecutivo opina que la estrategia de la oposición pasa por ahogar económicamente su gestión- se aludió a que para 2017 apenas quedará margen inversor, no habrá recursos para suplementar posibles transferencias externas e incluso habría dudas para el desarrollo de una parte de los 5 millones del plan Dusi. Crespo desautorizó de esta visión tan catastrofista y pidió gestión. Además, dijo que parte de los 450.000 euros que se pierden por bajar el IBI se recuperarán con altas del proceso de regularización.
