Los presupuestos municipales de este año reservan una partida de 30.000 euros para reformar viviendas escolares del rural con fines residenciales, pensando siempre en su ocupación por parte de personas que se encuentren atravesando una situación de emergencia.
Con estos fondos, la intención del gobierno es escoger tres o cuatro inmuebles sobre los que resulte más oportuno actuar, eligiendo cuáles podrían requerir reformas menos costosas. Desde el Concello no se aportó todavía información de qué escuelas podrían formar parte de esta red de vivienda de emergencia social, una iniciativa que también se apuesta por hacer extensiva al casco urbano, implicando en este caso a ciudadanos que puedan estar interesados en alquilar pisos que se encuentren deshabitados.
Al anunciar al puesta en marcha de esta bolsa de vivienda, desde el Concello se remarcó que las escuelas que se rehabiliten no se convertirán en ningún caso en viviendas sociales sino en inmuebles destinados a hacer frente a casos puntuales y de emergencia social, como podría ser un desahucio, un accidente que implique la pérdida de la vivienda habitual o una situación de malos tratos, por ejemplo. Este tipo de situaciones de emergencia social estarían, además, marcadas por su limitación en el tiempo.
