El plan parcial que promueve la empresa sevillana Bogaris Retails para desarrollar el ámbito de Suelo Urbano Delimitado (SUD) entre las avenidas de Pontevedra y Vigo -una bolsa de suelo de 37.465 metros cuadrados en la que se combina el uso residencial y comercial- acaba de concluir su fase de exposición pública. Aunque todavía podría llegar algún recurso vía postal, el trámite se cerró con cuatro alegaciones presentadas, una de ellas suscrita de manera conjunta por vecinos de la calle Marín.

El alcalde estradense, José López, explicó que el Concello, tal y como había acordado en una reunión con los propietarios afectados, colaboró con los vecinos a la hora de plantear una alegación que recoja la petición de que se permita una zona de tránsito entre las traseras de los edificios actualmente existentes en la calle Marín y la nueva zona residencial que se proyecta construir a continuación de estos inmuebles con el desarrollo de esta bolsa de terreno.

Los vecinos demandaron en su momento que se respetase la parte posterior de sus propiedades, donde algunos tienen huertas o construcciones diversas. Sin embargo, desde el Concello se hizo notar que sus edificaciones se encuentran en un suelo urbano consolidado y, como tal, el plan urbanístico contempla un fondo de 18 metros, 14 en altura de edificación y cuatro reservados para la ampliación de sótanos y garajes. El suelo urbano se acaba a los 18 metros de fondo, de tal manera que, de ahí para atrás, solo cabe la opción de que siga un suelo rústico o un suelo urbanizable. Este último es el que se contempla en este caso con el desarrollo que promueve Bogaris.

Para garantizar el acceso a la zona posterior de estos edificios, el Concello orientó a los propietarios para que empleasen el período de exposición pública para plantear un recorrido peatonal o un tránsito excepcional de vehículos a través de vados, siempre partiendo de que sería dominio público.

En cuanto a las demás alegaciones, el alcalde indicó que otros dos recursos hacen referencia a dos cuestiones puntuales de suelo existente en el entorno y una cuarta alegación presenta un contenido más genérico en relación a la propia ordenación de este ámbito.

Así las cosas, el Concello tendrá ahora que estudiar en profundidad los recursos para su resolución. Mientras, la administración municipal espera recibir los correspondientes informes sectoriales, que tienen un plazo de tres meses.

Se precisa el pronunciamiento en materia de telecomunicaciones y el de Fomento. El Concello solicitó informes a empresas suministradoras y tendrá que pronunciarse en relación a los servicios municipales que habrá de dar a este ámbito, caso del abastecimiento y el saneamiento, por ejemplo.

En el caso del informe que corresponde emitir al Ministerio de Fomento, el citado plazo ya se interrumpió, en la medida en que el departamento envió un requerimiento para que se justifiquen algunas cuestiones del plan parcial,

Recibidos los informes y resueltas las alegaciones, habría que incorporar al expediente las cuestiones que se estime convenientes, paso previo a la aprobación del plan parcial. Toda esta tramitación la realizará el ayuntamiento. Cuando se complete, el proceso entrará en su segunda fase, la de constitución de la junta de compensación. Este será el momento en que arranque la participación de los propietarios afectados por el desarrollo de este suelo, el primero de iniciativa privada impulsado al abrigo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Sería, pues, el momento en que se gestione el reparto de cargas y beneficios que correspondería a cada propietario.