El otoño ha estado brindando en las últimas semanas tardes que se debaten entre el verano y la primavera. No es de extrañar que, tras el regreso a las aulas, la alameda municipal se haya convertido en los últimos días en el punto de encuentro de niños deseosos de disfrutar del aire libre. Es por ello que en las últimas jornadas la estampa de este parque ha vuelto a poner de manifiesto sus reducidas dimensiones. Sin embargo, el proyecto de ampliación de estos jardines, emprendido por el Concello de A Estrada marzo de 2015, arrastra más de medio año de parálisis, a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resuelva dos recursos pendientes en relación al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La amenaza que se cierne sobre el documento urbanístico impide que se expanda el "pulmón" del casco urbano.
En marzo de este mismo año el gobierno reconoció que echaba el freno en el proceso de expropiación iniciado para hacerse con los terrenos necesarios para llevar la alameda hasta la calle Castelao. El alcalde abogó en ese momento por realizar un ejercicio de "prudencia" y "sentido común". Desde el ejecutivo se incide en que no se trata únicamente de una cuestión económica, sino de preservar la seguridad jurídica y garantizar que el Concello no se quede en una situación complicada. "No lo tenemos paralizado, está en suspenso", aclaró ayer el jefe del ejecutivo estradense, José López Campos. Incidió en que "cuando lo tengamos claro" -en relación a la resolución sobre el Plan Xeral- se retomará el expediente de expropiación, continuando por la resolución de las alegaciones presentadas por los propietarios de los terrenos afectados. "Nuestro compromiso sigue vigente", manifestó el regidor.
Las últimas resoluciones judiciales pendientes relativas al PXOM de A Estrada se dilatan más de lo esperado. En marzo el Concello las daba ya por inminentes, estando pendientes de fecha de votación y fallo. Sin embargo, todavía se desconoce el pronunciamiento del alto tribunal gallego en relación a dos recursos que, explicó López, van en la misma línea y piden la suspensión del documento urbanístico que entró en vigor en A Estrada en septiembre de 2013.
A comienzos de noviembre se cumplirá un año desde que el pleno aprobó expropiar los terrenos para la ampliación de la alameda. La oposición reconoció entonces que le gustaría verla ampliada, aunque no apoyó el proceso por considerar excesivo su coste.
El ejecutivo local consignó un total de 1,6 millones de euros para hacer frente al pago de esas expropiaciones. Esta cifra se sitúa 100.000 euros por encima del millón y medio en el que personal técnico municipal cifró el valor de esos bienes. Se trata de seis fincas de cuatro propietarios en las que están emplazadas una casa con acceso directo a los actuales jardines, una vieja estructura ubicada en sus inmediaciones hacia la avenida de Benito Vigo, dos casitas cuyo frente da a la calle Iryda y un pequeño galpón.
Concluido el período de exposición del proyecto expropiatorio -el trámite se completó el día 25 de diciembre pero, al ser festivo, se dio por finalizado el 26-, trascendió que los dueños de las parcelas formularon recursos a raíz de su desacuerdo con las valoraciones realizadas. Desde el gobierno se informó de que los recursos cifraron la expropiación de estas parcelas en más de cinco millones de euros. La diferencia con respecto a los 1,5 calculados por los técnicos del Concello es muy grande, de modo que el recurso al tribunal de justiprecio se dio ya por sentado. En todo caso, se apuntó que ello no motivaría una paralización del trámite expropiatorio ni de ocupación de los terrenos.
Fue el PSOE local el que, con la documentación en la mano, informó a comienzos de este año de que las alegaciones cursadas arrojan una valoración conjunta por estos terrenos que supera los 6 millones de euros. En el caso de la dos parcelas de un propietario, indicaron que la estimación del ayuntamiento cifró una de ellas en 50.000 euros y otra en 297.000. Frente a ello, el recurso situaría e el coste de estos predios en 809.000 euros. Otra de las propiedades tendría una valoración municipal de 104.000 euros, frente a los 232.000 recogidos en la alegación presentada. Los datos facilitados por el PSOE apuntaron que en el caso de la última propiedad, se valoró en 1.100.000 euros, frente a los 5.235.000 que resultarían de la estimación presentada por los particulares.
