Pleno ordinario en Silleda

El secretario municipal demandará al director de Administración por dilatar su designación

- Manuel Quintáns mantiene el contencioso contra la Xunta, pese a que el Concello retiró el suyo en agosto - Da Torre desvela que el traslado del consistorio a la Casa da Cultura costará entre 500.000 euros y un millón

30.09.2016 | 04:51
Manuel Quintáns, en el pleno, entre Manuel Cuiña y el interventor, Daniel Rodríguez. // Bernabé/Javier Lalín

La polémica que surgió en pleno verano por el nombramiento de Manuel Quintáns como secretario municipal de Silleda todavía sigue dando coletazos. A preguntas del BNG, en el pleno de ayer el funcionario explicó que mantiene el contencioso-administrativo contra la Dirección Xeral da Administración Local por su inacción, mientras que el concello retiró ya un recurso similar en agosto, tras efectuarse el nombramiento. Pero hay más: Quintáns prevé presentar en los próximos días una demanda ante los tribunales contra el director xeral de este departamento autonómico, José Alberto Pazos Couñago, y pedirá una indemnización, de la que no quiso desvelar la cantidad.

El 15 de marzo, el BOE publicaba el nuevo destino de Manuel Quintáns, en el concello onubense de Aroche. Pero un acuerdo previo entre este municipio y el de Silleda permitía que Quintáns renunciase a su plaza en el primero para ser designado como secretario del segundo, donde trabaja desde 2014. El nombramiento tendría que haberse efectuado el 1 de abril, pero la Dirección Xeral detecta defectos de forma -alega que la primera solicitud se realizó fuera de plazo- y va demorando el proceso, hasta el punto de que desde Silleda se le reclama un par de veces que haga efectiva la designación para no entorpecer el día a día del concello en asuntos como los informes del PXOM o deudas pendientes de empresas para con la administración local. El nombramiento se hace efectivo el 1 de agosto, en plenas vacaciones. Quintáns reconoce que ahora el proceso se trata de una cuestión privada, pero que tuvo, y mucha, repercusión pública.

La polémica del secretario cerró un pleno que duró más de tres horas y media y al que no asistieron ni la edil de Cultura, María José Fernández, ni el número 4 del PP, José Antonio Ramos. Sí se encontraba entre el público el que fuera concejal de Medio Ambiente y Cultura (compartida con Fernández) hasta julio del año pasado, Luis Rodríguez. Una vez más, la sesión se convirtió en un continuo cruce de descalificativos entre el portavoz del BNG, Matías Rodríguez da Torre, y el alcalde, Manuel Cuiña. El BNG centró sus críticas en la pregunta que se le planteará a la ciudadanía sobre si está o no de acuerdo con el traslado del consistorio a la Casa de Cultura. Para Da Torre, junto a esta cuestión habría que aportar el coste económico de dicho traslado, que el edil desvela que oscila entre los 500.000 euros y el millón. "Ustedes tienen una valoración hecha, aunque no sea exacta", recalcó, añadiendo que "el alcalde llegó a confesar que los vecinos iban a matarlo a palos porque ahora el proyecto es más caro de lo que dijo por las parroquias". Desde el PP, Espiño respaldó a Da Torre acusando al gobierno de decir que no iba a hacerse el estudio económico de lo que costaría el traslado. "Se decidirá si se hace el estudio, antes o después del referéndum, en función de su coste", atajó Cuiña, para quien es más relevante la búsqueda de fondos para financiar el cambio que ese análisis de costes. Hasta que se disponga de esos fondos no se acometerá el traslado. El PSOE se quedó solo a la hora de aprobar la ratificación de la pregunta que se enviará, para su aprobación, al Consejo de Ministros.

Deuda de Campomarzo

Sí hubo unanimidad para delegar en el ORAL el cobro, por vía ejecutiva, de los 270.117 euros que tiene que pagar Explotación Minera de Campomarzo en concepto de tasas por la gestión del vertedero de inertes. El BNG echa en falta que el Concello no recurra a un técnico que certifique "la actividad contaminante del vertedero", para decidir así si se clausura o no. Medio Ambiente abrió semanas atrás un expediente por el depósito de residuos impropios en la zona, a raíz de una denuncia de Arcodega. Los hechos se conocieron ya a principios de año.

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