La corporación de Silleda debate en el pleno del próximo jueves (10.00 horas) la aprobación definitiva de la cuenta general de 2015, que muestra un remanente de tesorería de 389.748 euros. Este concepto mide la solvencia económica de una administración para hacer frente a sus deudas y, en el caso de Silleda, es el fruto de la capacidad de ahorro que tiene el actual ejecutivo, máxime si se toman las cifras de los últimos cuatro años, como indica el alcalde, Manuel Cuiña. Así, en 2012 Silleda tenía un remanente de tesorería negativo, que alcanzaba nada menos que 635.513 euros, que al año siguiente consiguió reducirse a la mitad, -396.327. En 2014 el remanente ya logra ser positivo, al marcar 196.112 euros, que en 2015 llegan a los ya mencionados 389.748.
También hay que destacar otro concepto de la cuenta general, como el resultado presupuestario, es decir, la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados y las obligaciones netas reconocidas. Pues bien, al cierre del ejercicio de 2015 el resultado presupuestario de Silleda es de 188.069 euros. "Volvemos a demostrar un año más que es posible encauzar las cuentas de este Concello", recalca el regidor, quien recuerda que los resultados económicos "siguen mejorando con cada ejercicio, demostrando que se está haciendo una buena gestión".
La cuenta general de 2015 fue dictaminada por la Comisión Especial de Contas el pasado mes de mayo, y posteriormente se expuso al público para presentar posibles alegaciones.
Deuda de Campomarzo
A decir verdad, el pleno del jueves viene cargado de trámites. En el orden del día también figura la dación de cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra sobre la deuda que mantiene la explotación minera de Campomarzo con el Concello por el impago de tasas del vertedero. Entre los años 2005 y 2007 la firma debía abonar 265.996 euros, a los que había que restar diversas facturas así como añadir los intereses de demora. A esos casi 266.000 euros se suman otros 62.061 correspondientes del período entre 2008 y 2011. Cabe recordar que el Concello le reclamaba a la empresa en torno a 526.000 euros, e incluso había llegado a exigir un aval por este importe. El debate también se centrará en delegar en la Diputación las facultades de recaudación de los ingresos de derecho público que estén pendientes y que, según establece la sentencia, que ascienden a 309.095 euros de principal.
