Medio Ambiente iniciará un expediente sancionador contra la Empresa Minera de Campomarzo que gestiona el vertedero de inertes del mismo lugar. Después de las reiteradas denuncias presentadas por la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición (Arcodega) ante la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do territorio, este organismo acaba de comunicar que va a iniciar sanciones, que desde la asociación entiende como administrativas pero que pueden conllevar, o eso espera Arcodega, a la clausura de la actividad.
De esta manera, el portavoz del colectivo, Benito García, mostró su satisfacción ante la actuación por parte de la Xunta, y destaca que "desde la llegada a la Consellería de Beatriz Mato hay un cambio de actitud con las denuncias que se presentan, de hecho se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para que se realice un seguimiento en las inspecciones". Asimismo, desde la asociación no conocen cual será la sanción que se va a imponer a Explotación Minera de Campomarzo, pero, en todo caso, esperan que se le retire la licencia como planta de residuos de construcción y demolición, puesto que "si eso no ocurre alguien va a tener que dar muchas explicaciones".
En este sentido, el colectivo también apunta hacia el Concello de Silleda, ya que considera que "el ayuntamiento ha sido permanente corresponsable de esta situación permitiendo su existencia y teniendo constancia, tras reiteradas denuncias, sobre su actividad". Alega que la institución incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los concellos han de garantizar que estos residuos han de ser tratados. El portavoz cree que desde la administración local "alguien tiene que dar explicaciones porque han permitido que se siguieran cometiendo delitos ambientales continuados en suelo municipal", de hecho, en su momento miembros de Acodega alegaron que no descartaban plantear que por vía judicial se implique al Concello de Silleda en el proceso sancionador pudiendo incurrir en una "prevaricación omisiva". Además, la asociación denuncia que "El Concello además de no examinar el tratamiento de los residuos, favoreció a la actividad del vertedero al no cobrarle alquiler provocando una competencia desleal frente a empresas que si tratan conforme a la normativa".
La asociación lleva años denunciando la situación del vertedero, que a pesar de tener una autorización para el tratamiento de los residuos de construcción y demolición, carece de elementos para tratarlos, puesto que no tiene cribados, ni machacadores, ni sistema de envíos de materiales que se pueden valorizar, como maderas y plásticos. Además "recibe residuos industriales, de los que no tiene autorización, de áreas de hasta zonas como de la Costa da Morte, limitándose en todo caso a enterrarlos".
