El gobierno de Lalín llevará ante la justicia al concejal no adscrito Juan José Cruz por afirmar en sede plenaria que uno de los motivos de su marcha del grupo que conforma el ejecutivo fue que no estaba dispuesto a ser "cómplice de venganzas personales contra personas o empresas". Estas palabras no gustaron al equipo de Rafael Cuiña ni tampoco al Partido Popular, grupo de la oposición. Su portavoz, José Crespo, alertó de la gravedad de esta manifestación, máxime cuando se estaba haciendo en un pleno. Unos días después, Cuiña adelantaba a FARO la intención del gobierno de denunciar a Juan José Cruz.

El proceso se llevará mediante un acto de conciliación en el que el edil no adscrito deberá explicar "cómo, cuándo, dónde y a quién" el gobierno habría tratado de perjudicar deliberadamente. En caso de que no sea capaz o no desee refrendar sus acusaciones con pruebas, el paso siguiente será el registro de una querella. Así lo explica el mandatario local, que, por otro lado, afirma que decidió aparcar otra denuncia que tenía preparada él contra el propio Cruz por afirmar en público que el alcalde lo había "maltratado" a él y a su familia. "Tomé esta decisión porque deseo ignorarlo -a Juan José Cruz- en todos los ámbitos, también en el judicial", dice. Con este frente ya cerrado, la disputa judicial se librará ahora entre el gobierno y el edil al que consideran un tránsfuga y el primer caso en la historia de Lalín en el que un representante público toma un camino como este. Aunque la conciliación está coordinada por un por un abogado, la decisión del gobierno local de llevar al no adscrito ante la Justicia se tomó en base a un informe del secretario municipal. "Se nos dice que existen elementos motivo de una actuación judicial por las afirmaciones realizadas por ese concejal en pleno", resalta Cuiña, quien recuerda que esta decisión en la que todos los grupos políticos que integran el ejecutivo están de acuerdo.