Un informe de Hacienda sobre las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al cierre de cada ejercicio económico señala que Silleda y Vila de Cruces, junto al municipio de A Estrada, son los únicos concellos de la zona que cerraron el año pasado con facturas pendientes de pagar y que no se incorporaron en la contabilidad a la espera de que mejorasen las condiciones presupuestarias. Las cantidades varían según hablemos de uno u otro concello. Así, A Estrada es el municipio con la deuda a proveedores más baja, 625 euros, mientras que en Trasdeza las facturas pendientes de abonar llegaban a los 4.351 euros. Vila de Cruces, por su parte, es la que ostenta, y con diferencia, la cantidad más alta, al llegar a los 106.050 euros.

Pero la posibilidad de aprobar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y de trasvasar cantidades de dinero de unos apartados a otros del presupuesto permitió que dentro del primer trimestre de esto año todas estas facturas quedasen abonadas en los tres municipios. De hecho, a 31 de marzo ningún concello de la zona tenía ya obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, la situación de Rodeiro, que aún aprobó en sesión plenaria la liquidación de 2015 la pasada semana, en concreto el jueves 18, y por lo tanto no facilitó datos a Hacienda sobre sus facturas en el cajón. Rodeiro era, hasta entonces, el único municipio gallego al que el Estado le retenía su participación en los ingresos estatales, a razón de unos 30.000 euros al mes durante cinco meses, por no tener las cuentas al día. En el pleno de la semana pasada, Luis López intentó defender esta demora alegando que su equipo de gobierno cierra 2015 con un remanente de 1,3 millones de euros, que son 352.000 más que en el ejercicio anterior.

Pero volvamos a la situación que vivieron a finales de año A Estrada, Silleda y Vila de Cruces. Legalmente, Hacienda establece un plazo de 30 días como máximo para pagar facturas a proveedores y así evitar la morosidad y, en último caso, situaciones de deuda tan grande que obligue a un plan de ajuste al que se sometieron, precisamente, Trasdeza, Agolada y Dozón, entre otros municipios españoles. Pero hay la posibilidad de incluir estas facturas en la conocida como cuenta 413, que permite a la administración local no incluir las facturas que le van llegando en su contabilidad y esperar a hacerlo cuando las condiciones presupuestarias lo permitan. A nivel gallego, concellos y diputaciones dejaron sin pagar más de 35 millones de euros en este tipo de facturas, que así se quedan al margen de la contabilidad pero no por ello están en una situación ilegal. Al contrario, este mecanismo está reconocido y se obliga a la administración local y provincial a comunicar a Hacienda el saldo que tienen pendiente en esa cuenta 413.

La rapidez con la que consiguieron abonar sus facturas pendientes Silleda, Vila de Cruces y A Estrada no es muy común a escala gallega. Si en diciembre faltaban por abonar 33,8 millones de euros de los concellos y otros 1,8 de las diputaciones, al cierre de marzo las cifras eran de 27,5 millones que aún no se habían imputado al presupuesto. Dentro de la provincia, es también significativo el caso del municipio de Ponteareas, que acumula facturas en el cajón por importe de 1,8 millones de euros, o el de Salvaterra de Miño, con un pasivo de 1,2 millones en diciembre, que a finales de marzo consiguió rebajar a los 184.900.