Estima la denuncia que interpuso Comisións Obreiras en febrero

Inspección da a Lalín tres meses para transformar en indefinidos 38 contratos de carácter temporal

El Padroado Cultural deberá hacer lo mismo con 15 trabajadores, en dos meses -El cuatripartito anuncia que estudiará "caso por caso" pero alerta de que esta decisión se enfrenta a la Lei da Función Pública de Galicia

05.08.2016 | 07:40
Piñeiro y Pedrosa valoraron ayer en la sede de Comisións la medida de Inspección. // Bernabé

La Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, remitió al Concello de Lalín un requerimiento en el que le da un plazo de tres meses para que convierta en indefinidos 38 contratos temporales. La decisión llegó a los despachos del cuatripartito el pasado viernes y afecta también a los 15 trabajadores en idéntica situación que están contratados por el Padroado Cultural aunque, en este caso, el plazo para la transformación de sus contratos es de dos meses. De este modo, el 31 de octubre y el 30 de septiembre, respectivamente, han de estar todos los empleados regularizados, si no se aplicará una sanción a ambas entidades.

La decisión de la Inspección Provincial estima así la denuncia que interpuso en febrero el sindicato Comisións Obreiras por este paquete de empleos en fraude de ley, una situación que, por lo demás, se dio también en otros municipios de la provincia, lo que motivó que se interpusiesen varias denuncias en los últimos seis meses. Ayer comparecieron el secretario provincial de Comisións, José Luis Pedrosa, y el secretario de Administración Local de este sindicato, José Ramón Piñeiro, para valorar el requerimiento de Trabajo que, por otra parte, era más que esperable. "Sabíamos cuál iba a ser el resultado final, porque se dio en media docena de municipios de la provincia", indica Pedrosa, basándose en que la inspectora aplicó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que si un empleado está con un único contrato temporal durante 3 años, hay que transformar ese pacto en indefinido. Ocurre lo mismo si se firman dos o más contratos temporales durante 24 meses.

Pedrosa tiene claro que el requerimiento de Inspección viene motivado "por la negativa del alcalde a negociar esto con Comisións Obreiras", que se vio obligado a presentar la denuncia. Critica, también, que la decisión de la inspectora se haya demorado seis meses "a consecuencia de que por parte del Concello no se le facilitó copia de los contratos hasta el 27 de mayo", dos meses después de que se pidiesen al encargado del departamento de Personal. Hay que recordar que la petición se formuló en marzo, durante una visita de la inspectora al concello, y que en abril dicho responsable compareció solo con un listado del personal laboral en el que señalaban las antigüedades, por eso se requirieron los contratos de nuevo el 12 de mayo.

Al margen de esta visita de inspección, a finales de junio se celebra un encuentro entre el jefe de Inspección Provincial, José María de Casas Ron, el alcalde Rafael Cuiña, la concejala de Emprego, Katia Procino, y dicho responsable de Personal. Pedrosa se refiere a esta reunión como "un intento lamentable del alcalde de condicionar la resolución de Inspección de Trabajo", planteando que esa transformación se hiciese a lo largo de todo el mandato y de forma escalonada. Pedrosa insiste en que era falso que Inspección y Alcaldía llegasen a un acuerdo sobre ésto, ya que de ser así se estarían obrando en desigualdad de condiciones con concellos en situación idéntica. Es más, el jefe provincial también negó que se produjese dicho consenso.

Sin embargo, Cuiña insistió ayer en que había un acuerdo "oral, tácito" para resolver una situación que, por otro lado, viene heredada de los anteriores mandatos del PP. Los contratos más antiguos datan de 1999 bajo la forma de interinidad o contratos por obra. Todos presentan diversas prórrogas. Cuiña adelantó que se estudiará caso por caso, pero que "no vamos a aceptar meter a trabajadores que entraron por la puerta de atrás", con lo que cabe la posibilidad de pagar la indemnización correspondiente y prescindir del empleado. Añade que la decisión de Inspección "es un órdago a la política de empleo que llevaba el anterior gobierno" y supondrá un nuevo caso en el que los ciudadanos lalinenses tendrán que pagar "los destrozos del PP", como ocurrió ya con el parking Aldea Grande o con los 47.000 euros que hubo que abonar a vecinos de Lalín de Arriba. Cuiña critica de forma velada a Comisións porque "los sindicatos miraron hacia otro lado con el anterior gobierno. Ésta es nuestra responsabilidad, pero en origen la culpa no es nuestra".

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