El cuatripartito propone al PP activar una comisión de seguimiento de Aldea Grande

González Casares corrige a Crespo y recalca que sí se ahorraron 400.000 euros sobre la previsión inicial de gasto -Añade que se gastaron otros 420.000 en acatar sentencias

02.08.2016 | 04:31
Una usuaria paga su estancia en el aparcamiento. // Bernabé/Javier Lalín

El primer teniente de alcalde de Lalín, Nicolás González, sale al paso de las críticas del PP sobre el dinero empleado en la compra del parking Aldea Grande. El alcalde en funciones ejerce de portavoz del cuatripartito y le ofrece a los populares la posibilidad de activar una comisión de investigación sobre este aparcamiento, ya que considera que así el PP "tendrá por fin la posibilidad de dar las imprescindibles explicaciones y pedir disculpas públicas a los ciudadanos por uno de los mayores desastres de gestión pública realizada durante su etapa al frente del Concello", explica el también responsable de Urbanismo.

González Casares, además, muestra su plena disposición a ofrecer en el plazo de tiempo más breve posible todo la documentación que requiera el PP "para que pueda constatar con datos que las cifras que está ofreciendo no se ajustan a la realidad y el acuerdo alcanzado por el gobierno para la compra del aparcamiento subterráneo supuso un ahorro de más de 400.000 euros con respecto a la cifra que ellos tenían previsto gastar". Hay que recordar que, según los populares, se efectuaron pagos por importe de 2,27 millones en 2015, quedando consignada una cuantía adicional de 1,01, lo que según el PP da un coste final de 3,28 millones, muy cerca de los 3,3 a los que había llegado el acuerdo que logró el anterior alcalde, José Crespo.

En este sentido, González Casares explica que la cantidad acordada para la compra del parking fue de 2,9 millones, "y eso fue exactamente lo que recibió la empresa Portas y Acuña". A esa cifra se suman en la valoración del aparcamiento otros conceptos, como un pago de 232.000 por indemnización por la demolición de los excesos edificatorios (un pago que asumió la empresa concesionaria) o 23.000 de IBI por los años en los que el parking no tuvo actividad y en los que el gobierno logró una rebaja de 46.000 euros sobre el montante global, que ascendía a 96.984 euros. Pero, añade Casares, "la situación es aún más grave si tenemos en cuenta que en la nefasta historia del parking ya hubo que destinar 420.000 euros a hacer frente a órdenes judiciales" que obligaron al gobierno de Crespo a demoler los excesos edificatorios, "amparados en su día por las decisiones del ahora senador y de entonces edil de Urbanismo y ahora conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Ante una situación como ésta, González Casares le reprocha al PP "que tenga el poco decoro político de tratar de atacar al gobierno con un asunto en el que debería tener, por lo menos, la vergüenza de estar callado". Al mismo tiempo, le agradece al principal partido de la oposición que registre este tipo de iniciativas políticas -solicitará acceso, como se indicó, a toda la documentación referida a la compra y puesta en marcha del complejo-, pues entiende que servirá "para poner en valor la impecable y beneficiosa gestión realizada por este concello para solucionar un grave problema heredado".

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