Las organizaciones agrarias muestran su malestar por las decisiones que tomó el lunes el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para paliar la crisis de precios que sufre desde hace meses el sector lechero. Tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) como el Sindicato Labrego Galego (SLG) coinciden en señalar que la reducción voluntaria de la producción de leche solo favorecerá a los países excedentarios que, como Irlanda, Francia o Alemania, copan ya el mercado interno de otros países más débiles, como España.

La UE destina a paliar esta crisis 500 millones de euros, que se suman a otros tantos que no consiguieron sus objetivos, indican desde el Sindicato Labrego. Esta cuantía se reparte entre 150 millones para esa reducción de la producción de leche, con la que se intenta equilibrar la oferta y la demanda. Se aplicará en el último trimestre del año y comparará la producción de los ganaderos que se acojan a esta medida con lo que se generaba en el mismo periodo del año pasado. Se subvencionará a 0,14 euros cada litro que se retire del mercado. Para UPA, esta medida demuestra la "falta de valentía" de la Unión Europea, que es incapaz de atreverse a forzar a los países excedentarios a que produzcan menos.

Por su parte, los 350 millones restantes se dedicarán a ayudas directas. De ellos, 14,7 corresponden a España, una cantidad que resulta insuficiente a ojos del Sindicato Labrego Galego, puesto que la asignación es mayor para "los principales culpables del aumento descontrolado de la producción lechera que hunde el mercado y los precios en la UE". Esta organización agraria se refiere a Polonia, que recibirá 22,6 millones, Alemania (57,9); Irlanda (11 millones, pese a tener la décima parte de la población de España); Francia (49,9) y los Países Bajos (22,9).

Los sindicatos también cuestionan las pautas que se seguirán en la ampliación temporal, hasta diciembre, de las compras en régimen de intervención de la leche desnatada en polvo. El régimen de ayudas se amplía hasta febrero de 2017, pero UPA echa en falta un aumento de los precios de intervención pública para que, por lo menos, lleguen a cubrir los costes de producción.