El alcalde de Dozón, investigado por obras del plan E

Campos se niega a declarar y propondrá a la jueza que se estudie si el caso está prescrito

Faltan por prestar testimonio los ediles José Adonis, José Pousa y Raquel Rodríguez - El secretario municipal también guarda silencio -Su defensa apunta que "no hay un margen de maniobra para cometer un fraude"

20.07.2016 | 06:53
Adolfo Campos con su abogada y, al fondo, el secretario Antonio Candal. // Bernabé/Javier Lalín

El alcalde de Dozón, Adolfo Campos, acudió ayer al Juzgado Número 2 de Lalín para prestar declaración como investigado en un presunto delito de defraudación por una doble financiación de una obra del plan E de 2010. El regidor, que estaba citado para las 10.30 horas, llegó en torno a 40 minutos antes, acompañado por el secretario municipal, Antonio Candal, que también está investigado por la misma causa. Durante la comparecencia ante la jueza y una oficial, ambos se acogieron a su derecho a no prestar declaración. La abogada de Campos, Beatriz Seijo Méndez, explica que su cliente guardó silencio "porque es un tema eminentemente documental. No tiene sentido declarar. Si tuviesen algo que explicar, podrían declarar".

Además de Campos y Candal (a quien defiende Víctor Vázquez-Portomeñe), también están implicados los tres ediles que por entonces formaban parte de la junta de gobierno local: José Adonis, José Pousa y Raquel Rodríguez Marañís, así como el arquitecto Jorge López Lafuente, que tenía que haber comparecido ayer pero que solicitó la suspensión por motivos personales. A la sesión de ayer no acudió el fiscal. Campos, que atendió a los medios tras los trámites ante la jueza, mostró sus dudas sobre la posibilidad de que este presunto delito esté ya prescrito, puesto que acaeció hace 6 años. Según el Código Penal, los delitos de defraudación inferiores a los 120.000 euros de cuota a la Hacienda Pública prescriben a los cinco años. La defensa de Campos -que también es la representante legal de los tres concejales mencionados- adelanta que en lo que queda de mes remitirá a la jueza toda la documentación precisa para "intentar determinar si el delito, de existir, está prescrito". De hecho, ayer ya le comunicó a la jueza su intención de tomar esta vía.

Tanto la abogada como el alcalde insisten en que las tres obras objeto de investigación -equipamiento de la plaza de O Sisto, aceras en O Castro y muros y pavimentación en la plaza de la iglesia- están dentro del orden legal. Ambos niegan que se diese una subvención en dos ocasiones distintas para la misma obra, el equipamiento en la plaza de O Sisto. "No existe un margen de maniobra para cometer un fraude en estas intervenciones", recalca Seijo.

Como no podía ser de otra manera, la abogada de Campos tiene claro que no se cometió ningún tipo de delito por parte de sus clientes, aunque admite que pudo "haber errores", por lo que está dispuesta a colaborar en el trabajo de campo que queda para analizar toda la documentación y completarla, de ser necesario. Los expedientes "pasaron todos los procesos administrativos a los que tenían que someterse".

Las obras que se investigan contaron con una subvención estatal de 50.000 euros, en la segunda tanda del plan estatal que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero para el fomento del empleo en plena recesión económica. Campos recalca que la polémica no tiene que ver con el gobierno que encabezaba, sino con la empresa adjudicataria, que según el proyecto iba a emplear a seis personas y en realidad dio trabajo a cuatro. "Son cuestiones que nada tienen que ver con el concello", añade su abogada, quien añade que la corporación "no tiene ninguna responsabilidad". El caso podría prorrogarse más allá del verano debido a que el mes de agosto es inhábil.

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