La Fiscalía ya tiene listo el informe de competencia que le solicitó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para determinar si esta sala tiene competencia en el proceso contencioso-administrativo que inició el Concello de Silleda contra la Dirección Xeral da Administración Local por su presunta inacción en el nombramiento de Manuel Quintáns como secretario municipal. El informe, que aún no ha llegado al TSXG, señala que hay una "incompetencia objetiva" del alto tribunal gallego, de modo que el proceso ha de remitirse a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, que serán los que resuelvan si la actitud de la Xunta fue o no la correcta. Según indican desde la Fiscalía de Pontevedra, el informe se remató hace escasos días.
Al margen del proceso judicial, Concello y Dirección Xeral mantienen contactos para resolver la polémica desatada a principios de junio. Desde el concello trasdezano se indica que se continúa a la espera de la decisión de la Xunta, mientras que desde la Consellería de Presidencia se emite una escueta respuesta en la que se señala que el departamento autonómico está "pendiente de conocer la situación definitiva del titular de la plaza antes de tomar ninguna decisión". En todo caso, la falta de un secretario titular en Silleda paraliza cuestiones como la liquidación de la deuda que mantiene Campomarzo con el concello (526.759 euros) o la elaboración de un informe jurídico que reclama la Xunta para la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Los hechos se remontan a finales de febrero, cuando el Ministerio de Hacienda publica (en el BOE del 15 de marzo) el nuevo destino de Quintáns, en el municipio onubense de Aroche. Pero Quintáns y el concello presentan documentos conforme Trasdeza y Aroche llegan a un acuerdo para que el funcionario sea nombrado secretario de Silleda. El gobierno dezano pide hasta en tres ocasiones que la Dirección Xeral da Administración Local efectúe el nombramiento, pero el departamento que encabeza José Alberto Pazos Couñago alegó en su momento que la primera solicitud se realizó fuera de plazo y que alguna documentación era errónea o estaba incompleta. Desde el 15 de marzo Quintáns dispone de una prórroga de tres meses para incorporarse a su nuevo destino, por lo que los acuerdos realizados en Silleda hasta el 15 de junio sí son legales. El secretario vio en la actitud del director xeral un caso de "abuso de poder".
