Al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza Aguado, le gusta regresar a Galicia y a la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), donde al mediodía de ayer la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausuraron junto al director xeral de la Agasp, Luis Menor, unas jornadas centradas en la reforma del proceso penal acometida en 2015. Roldán admitió que la Ley de Enjuiciamiento Criminal evidencia que ha sido "parcheada" y avanzó que ya hay documentación elaborada que permitiría sacar adelante "en poco tiempo" un nuevo "texto que reforme todo el proceso penal". Aboga por buscar "un acuerdo" no solo de "todas las fuerzas políticas" sino también "de las comunidades autónomas y los profesionales". Ese nuevo texto supondría que el "ministerio fiscal pueda llevar la dirección de la investigación". En la conveniencia de ello coincide el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
-Lleva años colaborando con la Agasp, ¿cómo valora su contribución a los ámbitos policial y judicial?
-Muy positivamente. Este seminario, por ejemplo, es realmente interesante para el público que ha venido aquí -funcionarios de Policía, abogados, juristas...- dadas las últimas reformas procesales que se han llevado a cabo en el año 2015.
-Conviene darlas a conocer...
-Sí. Conviene que sepan cuáles son los criterios que siguen los tribunales a la hora de aplicar estas nuevas medidas o instrumentos de investigación tecnológicos. Sobre todo los nuevos instrumentos incorporados a la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el registro remoto de sistemas informáticos, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información o el agente encubierto en la red (que es absolutamente imprescindible para investigar ciertas conductas como, por ejemplo, las redes de pornografía infantil). Las redes sociales -que tienen un aspecto muy positivo porque transmiten conocimiento, información y son fundamentales para el desarrollo económico y el progreso social- también tienen su parte negativa. La parte negativa es que se eestá generando a través de las redes un discurso del odio en sus diferentes vertientes o variantes que no es asumible. Por tanto, utilizar las redes sociales también tiene límites. Hay límites a la libertad de expresión cuando se llevan a cabo acciones o se vierten expresiones que ofenden a las personas o pueden ser delictivas.
-Usted cuenta con una dilatada trayectoria dedicada a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico...
-Sí. Fíjese. He dedicado 18 años de mi vida a la lucha contra el narcotráfico... sobre todo, en Galicia.Entre 1988 y 2006 me dediqué en exclusiva a la lucha, a la investigación del gran narcotráfico.
- Se obtuvieron buenos resultados.
-No lo sé. Eso no lo tengo que juzgar yo. Eso lo tienen que juzgar ustedes, la sociedad: si trabajamos bien, si nos equivocamos. Supongo que algunas veces nos equivocamos. Yo creo que se hizo lo que se pudo, que no es poco.
-Estos nuevos instrumentos para la investigación les hubieran venido bien...
-Era otra época. No habían aparecido las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Trabajábamos con los medios que teníamos, con las leyes que teníamos. Y, pese a que las leyes no siempre son perfectas ni te ofrecen todos los medios necesarios para combatir la criminalidad, creo que se hizo una buena labor en el combate contra el gran narcotráfico aquí, en Galicia.
-Y, tras las últimas reformas procesales, ¿cómo cree que afectará el hecho de los ámbitos policial y judicial puedan disponer de estos nuevos medios?
-Yo creo que, de alguna forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades, los fiscales y los jueces, disponemos ahora de un arsenal jurídico que era necesario por los derroteros por los que está caminando en estos momentos la moderna criminalidad: el terrorismo, el ciberterrorismo, la trata de seres humanos... El narcotráfico siempre ha sido un problema aunque en estos momentos no nos lo parezca. El tema de la pornografía infantil es un tema muy serio. En fin, la sociedad ha cambiado mucho. El crimen también ha evolucionado y, por tanto, es lógico que el Estado reaccione con más preparación y más especialización de sus funcionarios, tanto policiales como judiciales y, por supuesto, con nuevos medios legales.
-El presidente de la Audiencia Nacional señalaba ayer en una entrevista concedida a FARO que la Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882, que se le han ido aplicando parches pero que tiene aun muchas carencias y que conviene hacer una ley integral. ¿Coincide en ese diagnóstico?
-Bueno, el problema es que en la mayor parte de los países del mundo el sistema procesal es diferente al español. Aquí la dirección de la investigación todavía la mantiene el juez de instrucción siguiendo el modelo napoleónico de hace 200 años. Y probablemente es necesario un cambio de modelo procesal en el que la función de dirección de la investigación sea asumida por el fiscal como en la mayoría de los países de nuestro entorno. El actual es un modelo obsoleto y decimonónico. Yo creo que hay que cambiarlo.
-¿Y que el juez pase a ser un juez de garantías?
-Sí. Que pase a ser un juez de garantías. Pero también hay que reforzar la autonomía, la independencia del fiscal y darle un abanico de funciones, que no tenga que estar pidiendo autorización juidicial para cada paso que dé en la investigación. El modelo del juez de instrucción es un modelo viejo, anticuado, obsoleto, decimonónico, que no existe prácticamente en ningún país del mundo. No creo que sea un modelo defendible.
