La CIG solicitará el embargo de fincas de Campomarzo para cubrir la deuda de la plantilla

Tiene un pasivo bruto que ronda los 100.000 euros - Mientras la empresa continúe trabajando no pueden recurrir al Fogasa

11.06.2016 | 03:12
Merayo, en el centro, con dos trabajadores afectados. // Bernabé
Merayo, en el centro, con dos trabajadores afectados. // Bernabé

Los seis empleados que asesora la CIG solicitarán en los juzgados que se proceda a embargar las fincas que posee Campomarzo y en las que pueden realizarse actividades extractivas. Consideran que con la subasta de las parcelas puede disponerse de efectivo para cubrir la deuda que mantiene la empresa con estos empleados. A la media docena de afectados se les debe en torno a 60.000 euros, que llegan a los 100.000 si se tiene en cuenta a toda la plantilla despedida.

El secretario de la CIG, Antón Merayo, hizo ayer un repaso por todo el proceso judicial de Campomarzo desde que se despidió a los empleados, hace cuatro años. "Después de afrontar dos ERE y tras ocho meses de impagos, decidimos demandar y los juzgados nos dieron la razón", de modo que Campomarzo -vinculada al grupo Indeza- tenía que pagar unas indemnizaciones de 45 días por año trabajado en todos los salarios hasta 2012 y, a partir de 2012, la cifra pasaba a ser de 33 días. Se estableció un calendario de pagos que, de cumplirse, terminaría en diciembre de este año.

Pero la realidad es muy distinta, ya que se cumplieron los plazos hasta finales de 2014, principios de 2015. A raíz del incumplimiento, la CIG presentó una reclamación en el juzgado para que se hiciese efectivo el embargo de maquinaria. La empresa replica en marzo ingresando entre 1.000 y 2.000 euros a cada trabajador, de modo que ingresa 13.000 euros en total. "Pagó el equivalente a dos meses de trabajo, pero nos debía otros ocho de atrás". Con ese ingreso, el juzgado decide darle una nueva oportunidad para afrontar los pagos que, de reanudarse ahora mismo, durarían un año más, ya que la deuda aún es superior al 50%.

La empresa recuperó la labor del vertedero y los empleados suponen que, aunque polémica, ésta genera ingresos, por lo que no entiende que el juzgado permita esta actividad y no controle por qué no se ingresa el dinero a los ya exempleados. Es más, teme que la empresa tenga que afrontar aún más gastos si finalmente se enfrenta a una sanción económica por el vertido de residuos ilegales en dicho vertedero.

Por este motivo, la CIG manda un documento al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que se solicita "que el perito valore los bienes embargados y reconocidos" de cara a conocer si cubren, efectivamente, la deuda con la plantilla. Merayo recuerda que las cuentas están embargadas, pero que en ellas no se produce ningún tipo de movimiento. En cuanto a la maquinaria, se encuentra ya muy deteriorada, según apunta el secretario de la CIG.

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