La empresa Explotaciones Mineras de Campomarzo, que gestiona el vertedero de inertes del mismo nombre en la parroquia de Abades, agotó ayer el plazo que le concedió el Concello de Silleda para que entregase en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra un aval de 530.000 euros para garantizar el abono de la deuda que mantiene con la administración local por el impago de las tasas derivadas de la gestión de esos inertes. Ayer, el Concello no tenía notificación de que se hubiese realizado ese depósito. La semana que viene determinará las medidas a tomar, entre las que figura el embargo de bienes. La empresa está envuelta en una polémica por el presunto vertido de residuos industriales en los últimos meses.
