El Concello de Silleda embargará los bienes de la empresa Explotaciones Mineras de Campomarzo, que gestiona el vertedero de inertes del mismo nombres, si durante la próxima semana la firma no deposita en el juzgado un aval de 530.000 euros. Esta cantidad es la que adeuda la firma por eludir el pago de las tasas por cada tonelada tratada en el vertedero.
El alcalde, Manuel Cuiña, comunicó ayer esta decisión a la corporación durante el pleno ordinario, al que acudió un representante de la empresa, que se ausentó en un receso. El tema surgió a raíz de una moción en la que el BNG exige al gobierno local que controle directamente si la reapertura del vertedero cumple con todas las normativas ambientales. En este sentido, Cuiña explicó a Matías Rodríguez da Torre que el Concello ya dispone de toda la documentación que le facilitó la empresa, así como de los permisos y controles de la Xunta y de los informes de la Policía Local. Los técnicos municipales se encargarán de revisarla "para ver qué se puede hacer". Por su parte, Da Torre alegó que el Concello podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión, ya que era conocedor en enero de la reanudación de la actividad del vertedero de inertes.
Los 12 ediles de la corporación -faltaba el popular José Antonio Ramos Dobarro- apoyaron la moción del BNG, al igual que la propuesta para promocionar los enclaves turísticos del municipio. En este aspecto, la edil de área, Ana Luisa González Costa, explicó que se acaba de presentar un proyecto para señalizar Carboeiro y la Fervenza do Toxa, a la vez que se mantienen contactos con Lalín para ver si se pueden realizar promociones conjuntas. Se estudia, además, si es posible llegar a un acuerdo con Cogami para reconvertir el kiosco de la Avenida do Parque -cerrado desde hace unos años- en un punto de información turística. En los próximos días se incorporarán dos guías turísticos: uno a través de las becas Feuga y otro por Rías Baixas.
También salió adelante la moción por la memoria histórica, en la que se pide la condena del golpe de estado franquista, el nombramiento de hijo predilecto del alcalde republicano fusilado Emilio Alonso Paz y la realización de actividades para que estos hechos no caigan en el olvido. Silleda aún tiene otros deberes por hacer, como la colocación de placas en sus respectivas calles a los represaliados Víctor Manuel Fraiz (maestro) o José María Fernández Colmeiro (médico). A decir verdad, la moción del BNG se presentó hace dos años, sin que en la práctica tuviese repercusiones.
Sentencia de 56.000 euros
Ya en el apartado de ruegos y preguntas, a requerimiento del BNG el regidor explicó que el Concello debe hacer frente a un pago de 56.000 euros, en concepto de intereses, a los herederos de Luis Lázara por una expropiación realizada en 1992 en la calle Pintor Colmeiro. Ya se habían abonado otros 49.000. El gobierno socialista, por otra parte, ya dispone de una ordenanza de publicidad exterior para terminar con el feísmo que supone la cartelería pegada en farolas y otros soportes y que anuncia establecimientos de hostelería y demás. De igual modo, se trabaja en un estudio para mejorar la sinaléctica topográfica de los lugares. En algunas aldeas de Siador o de Breixa son los propios vecinos los que tienen que elaborar las señales.
