Dos acusadas de estafa en la venta de un piso en A Estrada la niegan y admiten incumplimiento de contrato

El fiscal rebaja su petición inicial de penas de cárcel de 6 a 4 años

27.05.2016 | 02:54
Las acusadas, ayer, en el juicio en la Audiencia Provincial. // G. Santos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos mujeres acusadas de estafar al primo de una de ellas y de falsedad documental en relación con la venta de un piso radicado en A Estrada. En la vista M.E.U.B. y M.C.G. negaron los delitos que se les atribuyen aunque admitieron haber incumplido las obligaciones del contrato.

El fiscal rebajó su petición inicial de penas de seis a cuatro años de prisión para cada una de ellas al tener en cuenta como atenuante la reparación del daño después de que consignasen una cantidad de dinero antes del juicio para hacer frente a la deuda contraída.

En el juicio, M.E.U.B. y M.C.G. expusieron que en la segunda mitad del año 2010 le ofrecieron a un primo carnal de la primera la venta de una vivienda radicada en A Estrada.

Según declaró la supuesta víctima, D.B.L., las acusadas le indicaron que la única carga del inmueble consistía en una hipoteca a favor de una entidad bancaria.

A este respecto, cabe recordar que el escrito de Fiscalía ya indicaba en su día que las dos acusadas le habían dicho que "pese a que se trataba de una vivienda de protección autonómica, ya habían gestionado la autorización para poder venderla". Sin embargo, la vivienda no podía ser liberada de tal afectación. Y es que, según recogía el escrito de Fiscalía, "estaba gravada desde el día 9 de noviembre de 2009 por un embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social para responder de una deuda de 8.543,84 euros". Esa cuantía se habría ampliado "y a fecha 22 de noviembre de 2010 alcanzaba ya los 26.032,95 euros, siendo anotados en febrero de 2011, abril de 2012 y septiembre de 2013 nuevos embargos debidos a M.E.U.B."

El fiscal consideraba que desconociendo "la situación real de la vivienda" D.B. había aceptado mediante acuerdo verbal adquirir la vivienda por 75.000 euros y efectuó dos entregas de 45.000 y 15.000 euros para "constituir un saldo pignorado para garantizar la cancelación de la hipoteca". Al exigirles que certificasen la existencia de la cuenta, presuntamente "confeccionaron un documento que simulaba un certificado de la entidad bancaria". En 2011 se reunieron para plasmar por escrito el acuerdo de compra-venta "si bien las acusadas lo redactaron como contrato de opción a ciompra debido a que no se había realizado la descalificación de la vivienda". El día en que se pactó la entrega del piso libre de cargas o la devolución del dinero abonado se acordó la restitución.

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