La Asociación de Recicladores de Construcción y Demolición, Arcodega, se hace eco de las quejas del BNG de Silleda sobre el funcionamiento de vertedero de inertes de Campomarzo. El colectivo acaba de presentar una denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente en la que hace constar que las instalaciones se están convirtiendo en un "vertedero indiscriminado de residuos", a pesar de que tienen autorización para funcionar solo como gestoras de residuos de construcción.
El colectivo menciona a una empresa de Coristanco, Contenedores Maracaná, como participante en la gestión irregular de materiales de desecho. Esta empresa ya protagonizó varios vertidos irregulares incluso en fincas rústicas. Pues bien, Arcodega señala que en Campomarzo se depositan residuos de construcción y demolición, pero también industriales o fibrocementos (maderas, plásticos industriales, amianto, cartones y envases). "Los camiones de la empresa coruñesa únicamente se limitan al vertido de todo tipo de residuos, sin ningún tipo de tratamiento previo", que después la empresa gestora cubre con capas de tierra. No existe ninguna clase de aislamiento del suelo, de captación de lixiviados ni de sistemas de depuración.
Por estas circunstancias, Arcodega pide que se adopten todas las medidas necesarias "que permitan tramitar todos los expedientes sancionadores a ambas compañías" a la vez que se identifica a otras empresas, tanto de Galicia como de fuera de la comunidad, que utilizan Campomarzo para prácticas similares. Al mismo tiempo, se pide también a las administraciones que impongan la restauración ambiental y paisajística de la zona. En este sentido, recrimina al Concello de Silleda por "no parecer preocupado por las consecuencias de soportar los costes ambientales por contaminación, al lado de la Fervenza do Toxa". Es más, el propio concello es dueño de lo terrenos en que se desarrolla esta actividad, y de ahí que deba tener un papel más activo en el control de su gestión. Por eso se insiste al gobierno de Manuel Cuiña en que instruya los expedientes oportunos, "algo que viene demorando a lo largo de los años".
Competencia desleal
Al impacto ambiental y al incumplimiento de la legislación por parte de las empresas que utilizan Campomarzo de manera indiscriminada, limitándose a enterrar los residuos, se suma la competencia desleal frente a las empresas que sí tratan y valorizan éstos conforme a la normativa. Si se tiene en cuenta que el precio medio de gestión de los residuos de construcción y demolición es de entre 6 y 10 euros por tonelada, queda claro que "el fraude económico es innegable".
