El departamento de Cristóbal Montoro no solo fiscaliza a las administraciones locales o a organismos dependientes de ellas como patronatos o fundaciones con participación pública. También somete a este análisis del cumplimiento de la normativa de morosidad a otras instituciones. En las comarcas figura, por ejemplo, la Mancomunidade Terras de Deza que agrupa a todos los concellos de esta comarca a excepción de Dozón. La institución supramunicipal, siempre con datos de marzo, empleó un promedio de 17,69 días en cumplir con sus obligaciones con los proveedores; por tanto dentro del período máximo autorizado. Lo mismo ocurre con la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) situada en A Estrada, aunque dependiente de la Xunta. El plazo está en menos de un día. La Fundación de Exposicións e Congresos estradense emplea de media 4,37 días en liquidar sus deudas con proveedores.
Entre las instituciones que incumplen está la Fundación Semana Verde de Galicia o el Consorcio de Servicios contra incendios y Salvamento de Deza e Tabeirós-Terra de Montes. En ambos casos el reparo se debe a que no enviaron información o al menos a Hacienda no le consta en qué situación están los pagos pendientes, cuando sí tienen la obligación de realizar esta comunicación para respetar la legislación.
