El jefe territorial de Medio Ambiente, Alberto Fuentes, así como los jefes de servicio de Caza e Conservación da Natureza, mantuvieron ayer un encuentro con representantes de sindicatos agrarios, de la Federación Provincial de Caza y de los Tecores de Lalín, Silleda, Dozón y A Cañiza. El motivo era analizar la evolución del plan anual de control del jabalí y el funcionamiento del protocolo que se llevó a cabo durante la campaña 2015-2016.

Los cargos de la Xunta informaron de que durante la pasada campaña de siembra de maíz se realizaron en la provincia, a petición de los agricultores, 94 acciones extraordinarias de caza de jabalí. La cifra supone una disminución en comparación con los años anteriores, igual que ocurre en Lugo y A Coruña. Ello se debe a que se redujo el número de ejemplares de esta especie de caza mayor y a "una mayor colaboración de los cazadores en las épocas de riesgo", indican desde Unións Agrarias. Pese a este descenso generalizado, destaca el caso de Dozón, en el que este año se detecta una población concentrada de jabalíes que ya están produciendo daños antes de que se siembre maíz.

Para esta temporada se mantendrán las esperas y las cacerías de jabalí, al tiempo que se agilizan las autorizaciones, de modo que se darán en un plazo de 24 horas, que pasan a ser 48 si hay festivos. Las comunicaciones de daños podrán realizarse directamente o a través de las organizaciones agrarias. En los concellos donde existan zonas libres (donde no haya Tecor) pueden pedir estas intervenciones los propios concellos. Las autorizaciones por esperas o batidas serán el último paso que se de para controlar la población de jabalí, ya que se establece un protocolo de intervención de tres etapas: así, en primer lugar se opta por dispersar el animal con perros atrelados y, a continuación, con batidas con perros y sin armas. Si estas dos medidas fallan, se opta por las autorizaciones, que serán concedidas de forma directa si existen razones técnicas. En este sentido Alberto Fuentes señala que en la pasada temporada funcionaron de manera notable las dos primeras medidas (las de desencame y esperas), ya que solo fue necesario utilizar las batidas con armas de fuego en cuatro ocasiones, indica.

Al margen de estos controles, desde la Xunta también se ayuda a los agricultores con indemnizaciones que compensan las pérdidas en sus cultivos. Así, se establecen pagos de 0,13 euros por metro cuadrado en fincas de maíz, que pasan a los 0,40 si se trata de patatas y a 1,60 por lechugas, pimientos o tomates. Desde los sindicatos, Unións Agrarias pide que se inicien las batidas ordinarias a finales de agosto o principios de septiembre, cuando la espiga madura vuelve a ser un alimento apetecible para los jabalíes. Solo en Deza se cultivan 5.000 hectáreas de este cereal, alimento básico para el ganado.