La guerra abierta entre Comisiones Obreras (CC OO) y el gobierno de Lalín por la denuncia del sindicato ante la inspección de Trabajo por contratos del personal laboral de hace años ha vivido un nuevo episodio. El secretario provincial de Comisiones, José Luis García Pedrosa, reiteró ayer lo que ya había avanzado días atrás acerca de la responsabilidad del actual ejecutivo en la conversión a indefinidos de 53 contratados laborales. Pedrosa y su compañero José Ramón Piñeiro aseguran que en mayo llegará la resolución de inspección que dará la razón al sindicato sobre este asunto y también por la denuncia formulada contra el Concello de Rodeiro por idénticas circunstancias en personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
Pedrosa, que también cuestionó el papel de la Confederación Intersindical Galega (CIG) por su relación con el grupo de gobierno -la central nacionalista fue la ganadora de las elecciones al comité de empresa del ayuntamiento- volvió a cuestionar la capacidad del alcalde, Rafael Cuiña, para atajar un problema laboral en el ayuntamiento "creado por el gobierno anterior, pero que ahora corresponde solucionarlo a él". Sobre la denuncia contra el concello por los 53 laborales -algunos con más de 20 años en esta situación- concretó que la reforma laboral del Gobierno Central, de 2010, obliga a empresas privadas y administraciones públicas a convertir los temporales en fijos o indefinidos respectivamente. Luego, subraya Pedrosa, el PP en el Estado suspendió la aplicación de la ley entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, por lo que estos trabajadores comenzarían a tener estos derechos desde enero del año pasado. Pedrosa lamenta que tanto el gobierno como la CIG contribuyan a generar intranquilidad en la plantilla municipal indicando que la denuncia de Comisiones puede acarrear despidos. "Eso no es hacer sindicalismo", dice. Admite que el Concello podría convocar estas plazas mediante concurso público y que los laborales afectados deberían presentarse al proceso, pero la denuncia ante Trabajo serviría para poner de manifiesto su situación. García Pedrosa insistió que el sindicato dio el paso ante la imposibilidad de negociar con Cuiña y por eso cree que ahora no hay dudas acerca de la posición que tendrá la inspección laboral. También censuró que hubiese contratos en el Lalín Arena por poco más de 700 euros mensuales. El miembro de Comisiones habló de la conexión entre el regidor y la CIG y vinculó la buena relación con esta central a una devolución de favores por el hecho de que Cuiña participó en "mítines del BNG en la campaña de las elecciones generales". Criticó que recibiese solo a representantes del plantel de la CIG y no a todo el comité de empresa municipal.
