El grupo de gobierno de Lalín rehusó ayer concretar si reclamará al Ministerio de Administraciones Públicas que revoque el proceso de regularización catastral como pide el Partido Popular. El hecho de que el proceso esté ya en marcha hace pensar que no habrá macha atrás y que se desarrollará tal y como estaba previsto. Sobre todo porque la Dirección General de Catastro contrató los trabajos mediante una sociedad estatal a la empresa gallega Cartografía e Medicións SL, encargada también del mismo cometido en el municipio de Silleda. El ejecutivo supedita sus explicaciones al pleno de este mes, pero en principio en la sesión se indicará que Catastro ya formalizó el contrato y la adjudicataria tiene derecho a que se cumpla el acuerdo.

El gobierno local sí manifiesta que el problema parte de una medida "que llega desde Madrid y promovida por el Partido Popular". Por ello lamenta que los populares lalinenses estén intentando cargar las culpas y las responsabilidades en los concellos de un proceso" que ellos mismos obligaron a poner en marcha".

En otro orden de cosas, el sindicato Unións Agrarias aplaude la decisión del grupo de gobierno de aprobar una bonificación del 95% en el precio de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las construcciones de uso agrario, que, con la nueva normativa de regularización catastral deberán comenzar a pagar. Valora que el portavoz del PP lalinense, José Crespo, "campeón de los impuestos" se sume a la reducción de tributos ya pactada con los gobiernos municipales de Lalín y Silleda. Unións estima que el acuerdo logrado consiste en una bonificación del IBI en instalaciones de suelo rústico del 95%, el máximo permitido por ley siempre que se consideren las explotaciones agrícolas y ganaderas como de carácter estratégico. El sindicato habla de construcciones en suelo rústico, no en suelo de núcleo rural.

Unións dice que es la primera vez que se logra una reducción de impuestos con carácter general en Lalín tras años de subidas. También aplaude la iniciativa del parlamentario socialista Pablo García en la cámara autonómica aprobada por unanimidad, además de reclamar en este caso la exención de los 60 euros de tasa de nuevas altas. Por último espera por las "dotes negociadoras" de Crespo en Madrid con el ministro Montoro y también con Educación para eliminar la propuesta de que las unidades familiares de más de 13.130 euros de patrimonio se quedarían fuera del acceso a una beca de estudios.