Uno de los impulsores de la retirada de la simbología franquista del concello de Agolada, Xosé Ramón Blanco, apuntó ayer que la negativa del alcalde, Ramiro Varela a atender esta reclamación "lo sitúan fuera de la legalidad democrática, cuando acaba de jurar cumplir las leyes en el momento de acceder al cargo, hace menos de un año". Blanco le recuerda a Varela que, como alcalde, no puede eludir el cumplimiento de la legislación y en este caso la Ley de Memoria Histórica en el artículo 15 con referencias explícitas al papel que las administraciones públicas deben adoptar. Blanco insiste en que en este caso deben proceder a la retirada tanto de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura.
En este sentido, Blanco especifica que no se trata de una cuestión "discrecional u opcional para el alcalde cumplir esta norma, sino que es de obligado cumplimiento". Puntualiza que el hecho de no atenderla es un delito de prevaricación por parte de quien incumple la ley. Para Blanco esta negativa a cumplir la ley "solo obedece a que su ideología de extrema derecha no le permite llevar adelante iniciativas de concordia y de restitución de la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil". Blanco insistió que su iniciativa "no pretendemos sustituir bandos enfrentados en la negra historia de la devastadora Guerra Civil seno instituir espacios de concordia donde las víctimas se sientan cómodas y restituidas de su legítima dignidad y no solo el bando ganador", apelando a que el golpe de estado fue contra un régimen con una constitución democrática en vigor.
