Florentino es, con Guerral, uno de los escasos baluartes que quedan del textil dezano tras la recesión económica, un sector que en mejores tiempos convirtió a la comarca dezana en una referencia, al aglutinar más de media docena de empresas punteras. Ayer el sindicato CIG, que no está presente en el comité de empresa de dicha firma, inició una campaña de información entre los trabajadores sobre los despidos que se realizaron en Florentino desde diciembre de 2014. El secretario comarcal del sindicato, Antón Merayo, y el representante de la Federación de Alimentación y Textil del mismo, Xabier Aboi, cifran en 25 las personas que tuvieron que abandonar la empresa. Según sostienen, estos despidos se realizaron de forma escalonada, con unos plazos de "entre 90 días y seis meses", como reza en las octavillas que repartió el sindicato entre los empleados. La sindical asegura que estos despidos se realizaron de forma escalonada para evitar acogerse a un despido colectivo, que se aplica si afecta a un mínimo del 10% de la plantilla.

Sin embargo, el propio Florentino Cacheda corrige a la sindical y asegura que en total se prescindió de 18 personas: 4 durante el año pasado y otras 14 en el presente. Se rescindieron los contratos, pues, en dos tandas. Fue preciso tomar esta decisión para sanear la empresa porque acumula dos años de pérdidas debido al descenso de las ventas y el recorte de los pedidos. "Son decisiones dolorosas", asegura el diseñador, "pero más vale prescindir de 18 personas que de la plantilla completa", asevera.

Desde la CIG se sostiene que se da el finiquito a las trabajadoras de mayor edad, que en muchos casos llevan más de 30 años cotizando en la empresa, para contratar a gente joven en condiciones más favorables para la empresa. En este punto, el empresario recalca que no se ha incorporado gente joven a la fábrica, aunque sí se fichan nuevos empleados, como es obvio, para las tiendas que acaban de abrir. Se contratan entre dos y cinco personas por cada local. Respecto a las personas a las que se despide, la firma quiere aclarar que en algunos casos, cuando las trabajadoras tienen una edad determinada "se envían dos años al paro y después se jubilan", siempre con el conocimiento previo de la situación por parte de las empleadas.

En este punto también discrepa la CIG, que asegura que las trabajadoras reciben una carta en la que se les indica cuánto van a percibir de indemnización, sin acuerdo previo, y ante un representante del comité de empresa "que ejerce de testigo" y no formula ningún tipo de protesta. Por eso, tanto Merayo como Aboi piden la dimisión del comité, que conforman representantes de Comisións Obreiras y de UGT. Añaden que solo cobran la indemnización que les pertenece "los que tienen datos de la empresa".

Cacheda, por su parte, tranquiliza a la plantilla y asegura que la empresa continuará funcionando. Cuenta con más de 200 empleados, entre la fábrica de Lalín y de otros puntos. La CIG critica que, precisamente, se reduzca plantilla y se fabriquen prendas en Portugal, Malasia o China.