Piden seis años de prisión para dos mujeres por estafa y falsedad en la venta de un piso en A Estrada

13.04.2016 | 02:36

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el 19 de abril, a las 10.15 horas, un juicio oral contra dos mujeres para las que la Fiscalía pide seis años de prisión y multa por un presunto delito de estafa y otro de falsedad documental en relación a la venta de un piso en A Estrada.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que las acusadas, ME.U.B y M.C.G, en la segunda mitad del año 2010, ofrecieron a D.B.L. la venta de una vivienda sita en A Estrada, "aprovechándose de la confianza que D.B. tenía en ellas" por ser primo carnal de ME.U.B. Recoge el escrito de Fiscalía que le indicaron que la única carga del inmueble consistía en una hipoteca a favor de una entidad bancaria "y que pese a que se trataba de una vivienda de protección autonómica, ya habían gestionado la autorización para poder venderla". Sin embargo, se indica que, en realidad, la vivienda no podía ser liberada de tal afectación "y estaba gravada desde el día 9 de noviembre de 2009 por un embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social para responder de una deuda de 8.543,84 euros". Esta cuantía se habría ampliado "y a fecha 22 de noviembre de 2010 alcanzaba ya los 26.032,95 euros, siendo anotados en febrero de 2011, abril de 2012 y septiembre de 2013 nuevos embargos debidos a ME.U.B".

El fiscal expone que, "creyendo lo afirmado por las acusadas y desconociendo que la situación real de la vivienda era muy distinta", D.B. aceptó mediante acuerdo verbal la compra de la vivienda por 75.000 euros, habiendo esta de entregarse libre de cargas y previa cancelación de la hipoteca por parte de su prima. Su pretensión era destinar el inmueble a vivienda habitual, pasando a residir efectivamente en la misma, siempre en base al escrito de Fiscalía.

El comprador habría hecho dos entregas a M.C. por importe de 45.000 y 15.000 euros, "con la supuesta finalidad de constituir un saldo pignorado para garantizar la cancelación de la hipoteca". "Sin embargo, el auténtico propósito de las acusadas era destinar el dinero a una empresa titularidad de ambas", sostiene Fiscalía. Indica que cuando se abonaron los 15.000 euros restantes y se exigió a las acusadas que certificasen la existencia de la cuenta pignorada, "para mantener el engaño", "confeccionaron un documento que simulaba un certificado" de la entidad bancaria. En 2011 las partes se reunieron para plasmar por escrito el acuerdo de compraventa, "si bien las acusadas lo redactaron como contrato de opción a compra debido a que no se había realizado la descalificación de la vivienda". El día en que se pactó la entrega del piso libre de cargas o la devolución del dinero abonado, se acordó la restitución. En la fecha fijada "las acusadas no se personaron y desde ese momento hasta la actualidad solo accedieron a restituir 5.000 euros".

El Fiscal pide cinco años de prisión y 20 meses de multa con cuota diaria de 10 euros por el presunto delito de estafa agravada (por recaer sobre vivienda habitual) y un año de prisión y ocho meses de multa con cuota diaria de 10 euros por delito de falsedad documental.

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