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Lalín ajustará la bonificación del IBI a bienes agrarios al elaborar la ordenanza

El gobierno admite que puede haber errores -El PP critica que se presentase una moción con un texto irregular - Llevará al siguiente pleno una iniciativa "seria" para favorecer al sector

Reunión con personal de la firma responsable de la regularización junto a miembros del ejecutivo, ayer en Agolada. // Bernabé /Javier Lalín

El gobierno de Lalín realizará modificaciones en el texto de la moción aprobada en el último pleno referida a la bonificación tributaria a explotaciones ganaderas para ajustarla a lo que dictamina la normativa. El ejecutivo local es consciente de que la propuesta presenta lagunas legales y por eso realizará ajustes para elaborar la ordenanza que regule el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los bienes de uso agrario, que comenzarán a pagar por primera vez con el proceso de regularización solicitado desde el Concello a la Dirección General de Catastro. Mientras, el PP anuncia que presentará en el próximo pleno una moción "seria" con arreglo a la legislación y culpa al ejecutivo local de actuar con improvisación y sin el más mínimo criterio.

Fuentes del gobierno admiten que la iniciativa plenaria representa una declaración de intenciones, pero que será en la redacción de la ordenanza cuando se revisará el texto para que no tenga lagunas legales. Asegura que la moción aprobada en el último pleno no tuvo reparos por parte del secretario municipal y que pretendía mostrar la "voluntad política" del ejecutivo para minimizar la carga tributaria a un sector clave en la economía de Lalín y de su comarca.

Mientras el equipo de Rafael Cuiña, aunque admite que el texto puede tener lagunas y que será revisado cuando se incorpore a la ordenanza del IBI, el PP aprovecha para atacar al grupo de gobierno por su "cabezonería" al aprobar una moción pese a su advertencia de que contenía apartados ilegales. El portavoz de los populares lalinenses, José Crespo, lamenta la "falta de pericia administrativa" del ejecutivo y que avance que reformulará su iniciativa que nunca debió ser aprobada. Para Crespo es "bochornoso" que se reconociese que se dejó en manos del Concello de Silleda una propuesta clave para el futuro de muchas explotaciones, sin preocuparse si era legal o no. Cree que esta "metedura de pata, que se suma a la que ya tuvieran por haberse adelantado al pedir el proceso de regularización" el gobierno demuestra que el rural solo le preocupa para las fotos. Recuerda que concellos como A Estrada o Rodeiro no pidieron voluntariamente la regularización, ganando así un tiempo importante sin verse obligados a aplicar el cobro del IBI a las explotaciones ganaderas.

Crespo da las claves con las que a su juicio la moción del gobierno queda desautorizada. Uno de los acuerdos se refiere a las bonificaciones de hasta un 95% de los recibos dependiendo del "tamaño y la realidad de cada explotación, cuando esta bonificación tal y como se expresa, no la recoge la ley "y por tanto es susceptible de ilegalidad". Apunta que en vez de vincular el "tamaño" de los inmuebles ha de hacerse en relación a una superficie determinada.

Pero lo que el PP considera de mayor gravedad es que en la moción se acuerde una rebaja del coeficiente de tributación a aplicar sobre el valor catastral del 0,3%, cuando la mayor parte de las construcciones a regularizar están dentro de núcleos rurales y, en consecuencia, tiene fijado por ley un tipo mínimo del 0,4 por estar ubicadas en suelo urbano. A juicio de Crespo la aprobación de este texto muestra un profundo desconocimiento sobre tributación y la realidad del rural. Añade que los bienes de naturaleza urbana tienen el tipo mínimo del 0,4% y ahí entran la mayor parte de las construcciones que son susceptibles de regularización al estar encuadradas en suelo rural; es decir, de naturaleza urbana. Por tanto, la rebaja al 0,3% que plantea la moción para la mayor parte de las edificaciones sería ilegal al no poderse bajar del 0,4 mínimo que establece la legislación.

"Está claro que fusilaron la propuesta de Silleda sin leerla y menos documentarse, porque cualquiera que conozca un poco la normativa catastral y de tributación del IBI ya debería haber advertido que una reducción por debajo del tipo mencionado era ilegal. "Aunque no nos extraña, después de mentir a los lalinenses diciendo que rebajaban el IBI al 0,46 cuando el anterior gobierno lo tenía fijado en el 0,4". Para el grupo popular esta es una nueva demostración de la incompetencia del gobierno en temas importantes . Crespo avanza que en el próximo pleno el PP presentará una moción "seria" para intentar minimizar los efectos de la regularización catastral que el gobierno apuró y de la que ahora no tiene mucha idea.

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