Agolada contabiliza 2.000 expedientes sin declarar

13.04.2016 | 02:36

El Centro Social da Terceira Idade de Agolada acogió ayer una multitudinaria reunión para abordar el proceso de regularización catastral. Una propuesta que responde a la petición tramitada en el último pleno por la oposición y aceptada por el gobierno con el fin de atender y resolver que este trámite estaba generando entre los vecinos. La sesión contó con la participación de personal especializado de la empresa encargada de llevar a cabo la revisión en el municipio así como con varios ediles del gobierno, como el teniente de alcalde, Héctor Martínez y el responsable de Xuventude, Alberto Vilariño.

La cita se llevó a cabo en dos fases diferentes. En un principio el personal realizó una primera aclaración del procedimiento y de sus consecuencias directas para los vecinos. Mientras que, en una segunda fase se concentraron en atender las reclamaciones concretas de los asistentes, en base a sus necesidades.

El número de incidencias detectadas en el municipio se aproxima a las 2.000. Entre ellas figuran tanto modificaciones en construcciones ya existentes así como nuevas altas tributarias de elementos no declarados hasta el momento. Las nuevas altas afectarán, en base a los criterios del personal técnico, a las construcciones en suelo urbano superiores o iguales a 18 metros cuadrados. En el caso de suelo rústico las construcciones asociadas a explotaciones agroganaderas de 45 metros cuadrados aproximadamente. Estas nuevas altas conllevarán además de su nuevo recibo del IBI una tasa de 60 euros en el momento de formalizar la alta ante Catastro. La empresa también calculaba que hasta el mes de julio no se realizarán las primeras notificaciones.

Tanto el proceso, una actuación que se estableció de oficio desde la Dirección Xeral de Catastro en Madrid, por orden del Ministerio de Hacienda, como las tasas que lleva parejas han suscitado las críticas y reproches de los vecinos. Desde el Concello, el regidor, Ramiro Varela, matizaba que trabajan en una ordenanza para fijar descuentos para explotaciones ganaderas, aunque están pendientes de un informe del secretario tras revisar si pueden acometer estos descuentos dada la situación económica del Concello.

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