El gobierno de Lalín analizaba ayer la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga al Concello de Lalín a indemnizar a los propietarios de la urbanización de Penacoba. El alcalde, Rafael Cuiña, apela a que el fallo judicial debe analizarse desde dos perspectivas. Por un lado reconocía como "justa" la sentencia en la medida en que atiende las reivindicaciones de los vecinos. Una defensa que -tal y como recordó- apoyaron en su momento distintos grupos políticos como PSOE y Compromiso. Destaca como positiva la sentencia y ensalza que garantice la defensa de los intereses de los propietarios y a la par controle las instituciones.
Mientras que por otro, esta resolución judicial afecta directamente a las arcas municipales y a la capacidad económica del Concello. Matizó que hacer frente a este fallo supondrá reducir otras partidas de modo que "restan posibilidades de inversiones para los vecinos de Lalín". En cuanto al desembolso al desembolso que deberá afrontal el Concello, Cuiña se manejó en una horquilla que abarca desde los 50.000 a los 70.000 euros. Mientras que, el responsable de Urbanismo, Nicolás González Casares, concretó que se situaría en torno a los 50.000 euros. Aunque el calculo está aún pendiente de ajustarse ya que la indemnización varía en función del tiempo que cada usuario estuvo sin un adecuado suministro eléctrico. El fallo estipula pagos de 100 euros mensuales desde que los vecinos escrituraron sus viviendas hasta el momento en que se comenzó a ofrecer un servicio eléctrico adecuado. Casares informó que ya en la mañana de ayer solicitó a la compañía eléctrica la documentación en la que figura la fecha en la que se regularizó el suministro eléctrico a la urbanización.
El gobierno responsabilizó directamente tanto al portavoz local del PP, José Crespo, como al por aquel entonces edil de Urbanismo y actual conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, de las irregularidades cometidas en Penacoba. Tanto Cuiña como Casares reprocharon que el gobierno anterior desoyera esta situación que fue advertida tanto por vecinos como por los partidos de la oposición. También censuró que los problemas que a diario afrontan por la anterior gestión del Partido Popular. En base a esto, el regidor solicitó directamente la dimisión inmediata de Crespo. "Creemos que no puede seguir ni un minuto más en la política municipal, no digo que deje el Senado, después de tantos desaguisados que nos estamos encontrando a diario". Cuiña también calificó de responsable directo a Rodríguez, y aunque no pidió su dimisión como conselleiro pero "queda descalificado en términos políticos para el futuro en Lalín por ser copartícipe y corresponsable".
Un patrón que se repite
En una línea similar se mostró también Casares que evidenció que el caso de Penacoba -en que la urbanización se entregó sin unos servicios mínimos y el Concello concedió igualmente licencia de ocupación- comparte similitudes con la actuación desarrollada en el parking. En ambos casos un informe municipal inicial evidenciaba las carencias que quedaban desmentidas poco después con otro documento. Además, Casares afeó la gestión urbanística de su predecesor apuntando que "cada día van apareciendo bombas de relojería". Reprochó que en una tesitura similar a la del área de reparto R-23, en la que se sitúa Penacoba, se encuentran varios proyectos como el área R-33 del Agro de Lalín de Arriba, la R-16 del Rodo, la R-7 de Carragoso o el SUE 4 que además de estar inacabada presenta problemas para realizar la conexión necesaria. Casares afeó a Rodríguez que presumiese de haber aprobado el PXOM, pero la gestión local tuvo como único fin "financiar lo que Lalín no precisaba".
