En cambio, los cuatro grupos acordaron en la comisión de Facenda estudiar cómo justificar las bonificaciones máximas o las exenciones que hagan posible que los vecinos no tengan que pagar el IBI de granjas y otras instalaciones agrarias, como se deriva de la regularización catastral impuesta por el Gobierno central. En dos semanas la comisión volverá a reunirse para abordar este asunto.
