Las corporaciones locales de Lalín y Silleda debatirán sendas mociones de sus gobiernos para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se aplica a las construcciones destinadas a actividades agrícolas o ganaderas. Ambos ejecutivos han acordado aplicar el coeficiente mínimo de tributación sobre valor catastral, que es del 0,3% -la ley les permite elevarlo hasta el 0,9%-, así como establecer bonificaciones de hasta un 95% de la cuota íntegra, siempre "en relación con el tamaño y la realidad" de cada granja.

El Ministerio de Hacienda impulsa una revisión catastral con el objetivo de aumentar la recaudación e intentar sanear las cuentas de los ayuntamientos, con el consiguiente impacto sobre los habitantes del medio rural y, en particular, sobre las explotaciones agroganaderas. Contempla la inclusión en el IBI de instalaciones de naturaleza rústica que hasta ahora estaban exentas. Los gobiernos de Lalín y Silleda pretenden, con su propuesta, reducir la carga que la medida acarreará sobre las ya sufridas economías de los profesionales del campo.