Los concellos de las comarcas que cobran el impuesto de plusvalías no prevén realizar grandes cambios en la aplicación de esta ordenanza de cara al próximo año. Lalín sí comenzará a aplicar una reducción en este tributo al estar contemplado en el pacto de gobierno, mientras que A Estrada no tiene intención de tocarlo. En Silleda y Forcarei -el los demás ayuntamientos de Deza y Tabeirós no existe este impuesto- sus gobiernos lo someterán a estudio. Todas las decisiones que se puedan adoptar están en cierta medida supeditadas a la decisión que tome el Tribunal Constitucional, que podría tumbar este tributo potestativo. Este tribunal deberá dirimir si el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es contrario al principio de capacidad económica que contempla la Carta Magna, a raíz de sentencias favorables a particulares en este sentido.
En denominado técnicamente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) goza de bonificaciones en los concellos de la zona y al menos en Lalín y Silleda se acordó que no afectase a casos de emergencia social o deshaucios. En caso de compraventa de un solar, piso, casa, garaje u otro bien inmueble urbano la normativa establece que es el vendedor el que asume el pago de este impuesto. Y el caso adquisición por herencia o donación: el adquirente. Partidos políticos que ahora integran el gobierno lalinense habían anunciado su intención de suprimir el cobro de plusvalías hasta que, tras cuadrar las cuentas para la elaboración de los presupuestos en vigor se dieron cuenta de que habían reportado a las arcas municipales en 2014 casi 330.000 euros. Entonces, esta postura se aplazó y se propuso en el pacto de gobierno una "reducción progresiva mientras del impuesto en las herencias mientras no se aclare su absoluta legalidad -decisión del Constitucional- y su eliminación en el caso de deshaucio o dación en pago". Aunque ya se habían establecido en años anteriores bonificaciones para traspasos por herencias de inmuebles usados como vivienda habitual, de cara a 2017 se bajará el tipo en vigor y en consecuencia los afectados deberían pagar menos.
La importancia de este impuesto en la economía municipal de A Estrada es menor que en la del Concello de Lalín. En la liquidación de las cuentas de 2014 las plusvalías supusieron 77.360 euros. El concejal de Facenda estradense, Alberto Blanco, explica que el grupo de gobierno está atento a lo que pueda pasar con la decisión del Constitucional, pero en principio descarta que esté previsto para el próximo año ni la supresión ni más bonificaciones por este impuesto que, a diferencia de otros también directos, las corporaciones locales no están obligadas a aplicar.
En Silleda, su alcalde, Manuel Cuiña, resalta que desde hace años se aplican bonificaciones tributarias y están exentos de pagar las plusvalías los casos de emergencia social o deshaucios. Con todo, reflexiona que si bien no se deba cargar a los que no pueden pagarlo en casos como herencias, quizá deba mantenerse para las transmisiones patrimoniales ordinarias -compraventas de inmuebles-. Trasdeza obtuvo menos de 10.000 euros por este concepto, algo que anima al mandatario a pensar en una posible supresión.
La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, no cierra la puerta a una reducción o supresión de las plusvalías, pero en principio no habrá cambios. Alega, en relación a la presión fiscal, que los vecinos llevan desde 1999 sin sufrir un aumento de la carga impositiva. Este concello, en 2014, recaudó 1.265 euros.
