Los profesionales del derecho admiten que los juzgados, sobre todo los de Lalín, demoran la resolución de casos por, sobre todo, la falta de personal. Ahora mismo, el Juzgado Número 1 de O Regueiriño tiene 8 funcionarios -incluidas la jueza y la secretaria-, mientras que el Número 2 cuenta con 9 y la que se encarga del Registro Civil. Consideran que habría que reforzar la primera sala, ya que se encarga de los asuntos de violencia de género.
"En las ciudades sobran funcionarios en los juzgados, mientras que en partidos judiciales como el de Lalín habría que contar con una persona más en el Número 1 para, por ejemplo, repartir los asuntos y admitir los escritos, además de disponer de una oficina de notificaciones y embargos", apunta el procurador Manuel Ceán, quien admite que la primera sala se sacudiría su congestión con un par de personas más. "No es necesario un tercer juzgado, vista la pérdida de población de la comarca", apostilla este procurador, en la misma línea que otro profesional, Manuel Nistal, quien recuerda "que ahora, por el volumen de asuntos, no es precisa una tercera sala. Tiempo atrás hubo una época de mayor saturación debido a cuestiones como la reclamación de cantidades de empresas, pero esta circunstancia bajó a medida que la crisis fue cediendo".
Los juzgados españoles están inmersos ahora en la digitalización de todos los procesos, mediante la plataforma Lexnet. Con este sistema se pretende que, en el horizonte de 2020, los juzgados prescindan totalmente del papel en todas las cuestiones burocráticas. Pero a día de hoy "este sistema informático solo funciona bien en Madrid. Uno puede pasar horas para enviar un trámite", explica Ceán, que también apunta que ahora con Lexnet cualquier procurador puede presentar un escrito en los juzgados, ya que se terminaron las adscripciones territoriales.
En cuanto al volumen de pleitos, Ceán cifra que quizá éstos se redujeron en un 2%, "aunque los procesos volvieron a reanimarse cuando dimitió Gallardón y se suprimieron las tasas judiciales" que se habían impuesto a finales de 2012. A día de hoy, únicamente deben pagar tasas las empresas que abran un proceso judicial por una cuantía superior a los 2.000 euros. Preguntado por cuánto puede demorarse un proceso judicial, Nistal precisa que "eso depende, más que del tipo de asunto, de la ejecución de la sentencia".
