Unión entre dos municipios pontevedreses

Cerdedo y Cotobade piden que la Xunta aclare la legalidad de una consulta popular sobre su fusión

Solicitan que sus servicios jurídicos aclaren si se podría realizar, cómo se articularía, si tendría validez o si contaría con carácter vinculante - Los alcaldes estiman que entre el 70% y el 80% de los ciudadanos son favorables a esta unión

09.03.2016 | 04:52
Balseiros y Cubela, tras el pleno de Cerdedo. // Bernabé/Cris M.V.

Cuando está a punto de cumplirse una semana desde que los plenos de las corporaciones de Cerdedo y Cotobade aprobaron iniciar los trámites para fusión de estos dos concellos pontevedreses, los dos ayuntamientos acaban de solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia con la intención de que sea la administración gallega la que dictamine sobre la posibilidad legal de efectuar una consulta popular en la que todos los vecinos mayores de edad de ambos términos municipales puedan pronunciarse a favor o en contra de esta unión.

Los regidores, el cerdedense José Balseiros y el cotobadense Jorge Cubela, subrayaron ayer en un comunicado conjunto que, durante los últimos 15 días transcurridos desde que trascendió la propuesta de fusión han defendido la importancia de la participación ciudadana en todas las fases del proceso, desde la información previa sobre el mismo a la etapa de exposición pública o la atención personalizada a los vecinos. Aseguran ambos alcaldes que les gustaría poder cuantificar la opinión ciudadana, convencidos de que esta sería mayoritariamente favorable a la fusión entre estos municipios limítrofes. Los cálculos de Balseiros y Cubela apuntan que los ciudadanos apoyarían en un 70% o 80% esta unión y señalan que estas estimaciones se producen después de haber hablado "con cientos de representantes sociales y con la práctica totalidad de los vecinos" en el transcurso de estas dos semanas.

Así las cosas, los alcaldes de los dos ayuntamientos que pretenden convertirse en uno solo admiten que nunca se pronunciaron abiertamente sobre una consulta popular -ni en un sentido ni en otro- y aseguran que van a seguir en esta línea. Destacan que, como conocedores que son de la tramitación administrativa del proyecto, saben de su complejidad técnica y legal. "Dijimos siempre que la participación ciudadana y la opinión de los vecinos es fundamental en este proceso y, como alcaldes, no vamos a imponer una medida que rechace la mayoría de nuestros vecinos porque siempre gobernamos en favor de sus intereses, con la verdad por delante y respetando la legalidad", defendieron en el referido comunicado.

En todo caso, los mandatarios locales consideran que realizar una consulta popular, un referendo o una votación bajo la forma jurídica que sea "no es algo tan sencillo y no solo por cuestiones técnicas y organizativas, sino por el cumplimiento de la ley". Garantizan que este último extremo es para ellos o más importante, incidiendo en que su deseo de que exista en el proceso "una seguridad jurídica absoluta". Señalan que es por ello por lo que decidieron recurrir a los servicios jurídicos de la Xunta para ver si se podría realizar esta consulta ciudadana, cómo se podría articular, si sería vinculante o si tendría validez. "En definitiva, queremos que nos aclaren qué posibilidades tenemos para no pillarnos los dedos", dicen. Fue seguidamente cuando aclararon que los dos concellos resolvieron cursar esta solicitud ante la Dirección Xeral de Administración Local de forma conjunta para conocer las posibilidades legales de esta consulta. Inciden que en que tendría que ser una medida "que encaje perfectamente en la ley y que se celebre con todas las garantías jurídicas porque, de lo contrario, no tendría sentido".

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