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Carmela Silva defenderá ante Rueda crear la base de emergencias en Terra de Montes

La presidenta de la Diputación también abogará a principios de marzo ante la Xunta por mejorar el servicio en Redondela y por integrar a Ponteareas en el Consorcio de Bomberos

Incendio en una casa de Castro do Cabo (Cerdedo), que elevó la preocupación vecinal. // Bernabé / Javier Lalín

La presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, defenderá a principios de marzo ante el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la pertinencia de crear en Terra de Montes una base de emergencias dependiente del Parque Intercomarcal de Bomberos de Deza-Tabeirós-Montes radicado en Silleda.

Según confirmó Silva a esta Redacción ayer en la visita que realizó a A Estrada con motivo de las jornadas organizadas por la Xuventudes Socialistas, considera que Terra de Montes es una de las zonas de la provincia que tiene una cobertura "deficitaria" en materia de emergencias. Conocedora de que, como publicó FARO en exclusiva hace dos días, la recogida vecinal de firmas impulsada para demandar personal específico de emergencias para Terra de Montes ha logrado reunir 7.000 rúbricas (6.000 digitales y 1.000 en papel), Silva consideró que es "cierto" que esta y otras zonas de la provincia están insuficientemente cubiertas desde el punto de vista de las emergencias.

En la misma línea, Silva avanzó su intención de abogar ante la Xunta por mejorar el servicio en Redondela y por integrar a Ponteareas en el Consorcio Provincial de Bomberos. También está pendiente de otros concellos que demandan unirse al citado consorcio.

La presidenta provincial vio a Rueda receptivo a sus planteamientos en la reunión que mantuvo con todos los presidentes provinciales en enero. Entonces, acordaron encargar informes para determinar si se puede pasar de la gestión indirecta actual a la directa en el Consorcio de Incendios, habida cuenta de que existen contratos en vigor con empresas privadas en Lugo y Pontevedra hasta los años 2019 y 2021 que aconsejan ser cautos y ver si la administración podría incurrir en una indeseada responsabilidad patrimonial si recupera la gestión directa del servicio. También se está analizando el coste que tendría. Quedaron emplazados a volver a reunirse el 2 de marzo.

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