El gobierno incluirá cláusulas sociales en los contratos y servicios con empresas

Casares dice que la medida persigue "blindar" los derechos laborales de los que trabajen para el Concello -El SAF, que cuesta medio millón, será el primer pliego con este modelo

20.02.2016 | 03:00
Casares presentó ayer esta iniciativa municipal.

El Concello de Lalín incluirá una herramienta nueva en su modelo de gestión referido a los contratos públicos de servicios o suministros. La denominada cláusula social se aplicará en las licitaciones de la administración local progresivamente para, en palabras del teniente de alcalde, "Nicolás González Casares, blindar los derechos de los trabajadores". El edil indicó que este ejecutivo comenzó este proceso con la regularización de los contratos del personal municipal en precario o que incumplían en cierta medida los convenios y ahora toca aplicarlo a las relaciones externas con empresas.

El primer servicio en el que se establecerá esta cláusula es el de ayuda a domicilio. La empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) finaliza su relación contractual con el ayuntamiento antes del verano y en el nuevo pliego -ronda el medio millón de euros- se establecerán condicionantes como premiar las altas de desempleados, personas en riesgo de exclusión social, con discapacidad o que se respeten rigurosamente los convenios colectivos en cada caso. Casares recordó en este sentido que precisamente con el SAF hubo trabajadores de una sociedad privada que demandaron a su empresa por incumplimientos, a los que la justicia dio la razón. "Entonces el ayuntamiento no pudo hacer nada, pero esto no volverá a ocurrir", dijo, Estas cláusulas se incluirán en contratos más importantes como la basura, el agua u otros, pero también en la medida de lo posible en los de suministro o servicios menores. La normativa municipal incluso facultará al gobierno local para rescindir adjudicaciones cuando se constate que estas empresas incumplan con los derechos de su plantel.

Otra novedad será que, en principio, las adjudicaciones de mayor peso se realizarán por mandato para que cada cuatro años sea el gobierno de turno el que deba sacar otro pliego que asegure que se están atendiendo las exigencias de estas cláusulas. Casares indicó que este procedimiento se introducirá dentro de los requisitos previos de los concursos públicos, en el que constarán las obligaciones de la empresa aspirante y la que posteriormente gane el contrato. En el decálogo puesto en marcha se exigirá a las empresas que cumplan con el registro de buenas prácticas, igualdad de oportunidades y los derechos laborales de sus empleados. En los pliegos que se redacten en cada caso el ayuntamiento podrá dar más puntos a aquellas firmas que propongan altas de personal en riesgo de exclusión social, parados de larga duración o personas con discapacidad. Pero si bien no existe una regla común en todos los procesos de contrataciones, sí se abogará por unos requisitos mínimos. Casares destacó además que esta medida es positiva a la hora de detectar posibles bajas temerarias, "porque podríamos darnos cuenta por ejemplo que no se están cumpliendo los costes laborales". Otra de las cuestiones que serán analizadas, por ejemplo, son las políticas de conciliación familiar de las empresas o autónomos que se presenten a los concursos públicos o con los que se lleguen a acuerdos de suministros.

"Con estas cláusulas sociales queremos dar un mayor cariz social a las contrataciones, favorecer la estabilidad laboral e ir contra la precariedad y temporalidad", declaró el edil, quien aseguró que estas medidas no suponen mayor gasto para las empresas. Esta iniciativa forma parte del pacto de gobierno y es aplicada por algunas administraciones públicas españolas. Además forma parte de las directrices de la Unión Europea acerca de la gestión pública y social.

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