El Concello de Lalín negocia con la Dirección General de Catastro cambios tributarios para terrenos incluidos en urbanizaciones que no fueron desarrolladas o carecen de servicios. La gestión del gobierno está relacionada con una sentencia del Tribunal Supremo, en este sentido, que estima que los predios afectados por planes sin proyectos de urbanización aprobados no podrán tributar como urbanos. Pero ello no quiere decir que el procedimiento sea automático y estos terrenos abonen el próximo año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de rústica, pues existen una serie de particularidades.
El Concello, por recomendación de Catastro, remitirá a este organismo la relación de bienes que entrarían en este proceso de actualización de valores. El SUE-1 (urbanización de O Regueiriño) no se vería afectada al estar su ámbito de actuación totalmente desarrollado y con servicios. En el caso del SUE-2 -predios situados en el Paseo do Pontiñas por detrás de la rúa Ponte- el planeamiento no está aprobado y por tanto sí se podría lograr que los terrenos, que ocupan 29.700 m2, perdiesen su condición de urbanos y tributasen menos como rústicos. Dos situaciones particulares se dan en el SUE-3 (plan que abarca fincas situadas en el margen derecho de la Avenida Cuiña hacia la Avenida de Madrid) y en las afectadas por la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000. Según explicó el concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, Catastro podría aplicar a estos bienes un procedimiento simplificado para que las fincas tributasen menos, aunque no pasarían a ser catalogadas como rústicas. En el SUE-3 la urbanización está detallada, pero carece de proyecto de sectorización aprobado. Abarca 79.783 metros cuadrados y su desarrollo urbanístico quedó aparcado con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Singular es el caso de las 31,7 hectáreas de terreno que comprenden las fincas de la ampliación del parque industrial. Sus dueños tributan por estos bienes como urbanos, aunque la extensión del recinto empresarial no llegó a concretarse y tampoco pueden disponer de sus fincas. Casares indicó que lo razonables es que Catastro aplique un coeficiente más bajo para disminuir la carga tributaria a sus propietarios. En todo caso será este organismo estatal el que tenga la última palabra. En lo que respecta a las propiedades incluidas dentro del planeado nuevo polígono industrial de Catasós sus 61,22 hectáreas de superficie están dentro del planeamiento sin proyecto de urbanización aprobado y habrá que aguardar por la decisión de Catastro para ver si se aprueba un cambio en la catalogación del suelo.
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Otro de los proyectos pendientes de desarrollo es el conocido como plan Canteiras do Areal, de 66.280 metros cuadrados. Y cerca de esta zona se encuentra el SUE-4 o Plan da Viuda, que sí completó todos sus trámites. Aquí no se establecerían cambios al estar su ámbito totalmente urbanizado y, cierto es, pendiente de la apertura de un vial de conexión con el de subida hacia el centro comercial Deza.
Fuera de estas modificaciones quedarían los terrenos de los proyectos de La Veneciana y de Mercadona. En ambos casos, explicó Casares, los procedimientos están en trámite y por ello no procede plantear cambios. El que impulsan los dueños de los predios en los que se asienta la multinacional cristalera, en Filgueira, está pendiente de aprobación. Su ámbito de actuación total comprende 45.200 metros cuadrados, si bien la actuación se ajusta a la superficie que ocupa prácticamente la nave industrial. Casares señaló sobre este particular que confía en que el proceso se resuelva satisfactoriamente y que los servicios jurídicos y técnicos municipales están trabajando "con mucho escrúpulo". Un caso semejante se da en el desarrollo de la urbanización de A Trigueiriza, de iniciativa privada, y que posibilitaría el desembarco de la cadena de alimentación Mercadona, con quien tienen un acuerdo los impulsores de este plan de sectorización. Son 40.035 metros cuadrados de terreno que, en caso de que su desarrollo vaya adelante sus predios tributarían como urbanos.
Casares hizo hincapié en que las conversaciones con Catastro se iniciaron hace unos cinco meses para dar una salida a los casos de terrenos que tienen la catalogación de urbanos y por tanto deberían tributar así, pero están sin desarrollar. La sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014 ha generado jurisprudencia y por ello concellos como el de Lalín han querido ajustar sus casuísticas. En todo caso, manifestó el concejal, la aplicación de este fallo no tendría retroactividad. Una vez los casos sean analizados por Catastro -tanto los predios que podrían pasar a ser rústicos como a los que se aplicaría un procedimiento simplificado de valoración colectiva- el cambio de tributación sería efectivo para este año. En caso de que algunos recibos fuesen cargados, sus dueños podrían presentar una reclamación.
