Agolada se ha convertido en germen para una nueva formación política que nace con vocación y aspiraciones nacionales. Aunque llevan meses trabajando en esta idea el partido quedó registrado como tal el pasado 11 de enero y desde esta semana han comenzado a operar desde su sede local, situada en pleno casco urbano del municipio. Bajo el nombre Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ), esta propuesta política nace desde el corazón de Agolada, municipio al que pertenecen todos sus actuales integrantes. Su fundador, Luis Calvo Miguélez, es un emigrante que regresó al municipio hace tres años y con él en este barco se encuentran también otros dos jóvenes de Agolada, Marcos García Diéguez y Jorge Carreira Fernández, que en la actualidad reside en la capital dezana. Gozan ya de el respaldo de sus convecinos que "en estos primeros días se han acercado ya hasta la sede y muchos nos han animado a seguir" apuntaba Calvo.
Aún con detalles por perfilar, comenzando a rodar y "formando aún la columna vertebral que sustentará el grupo" la formación nace asentada en dos pilares fundamentales: "combatir y erradicar la corrupción y defender una justicia independiente, ágil, efectiva y con un tratamiento similar a todos los ciudadanos españoles". Tras esta iniciativa está una clara voluntad "por devolver la dignidad a la ciudadanía y acabar con los continuos males que afectan a la sociedad" como defiende Calvo "nace por y para el pueblo". El PAYJ se define como "un partido diferente, que luchará por los intereses de los ciudadanos para contribuir democráticamente a la determinación política". Su primera cita serán las autonómicas y por el momento descartan la contienda municipal.
Cuentan ya con más de una treintena de propuestas con corte social y reivindicativo. Entre las primeras figuran las bases como "defender el bien de los ciudadanos combatiendo la corrupción y la delincuencia, promover la participación democrática en las políticas públicas, así como una declaración unilateral de los derechos humanos. Buscan defender un estado organizado y austero, con una política fiscal moderna, justa y equitativa que permita una redistribución de la riqueza, con servicios públicos básicos y políticas sostenibles a nivel social y ambiental; en definitiva una mejora de la calidad de vida y bienestar social.
Propugnan una participación ciudadana directa en la aprobación de las leyes, así como la derogación de aquellas que consideran abusivas como la Ley Mordaza o la Ley del Suelo "con un afán recaudatorio". Reivindican un control más exhaustivo para las obras públicas, con la supresión de subcontratas y mayores exigencias de transparencia para los concellos "serán obligados a rendir cuentas a sus ciudadanos una vez al año". También son contundentes en aspectos judiciales: "toda persona no española que venga a delinquir será expulsada de España". Aquellos que estén en prisión deberán trabajar para pagarse su comida, estancia y vigilancia.
