Arcodega se mantiene firme en sus denuncias sobre el incumplimiento de la legislación en la ordenanza municipal de Lalín. Fuentes de la asociación profesional afirman que la normativa no atiende todo lo relativo a la puesta de medios que garanticen la entrega de los desechos a un gestor autorizado, que se hace mediante un aval. Esta garantía debe acompañarse en la presentación del permiso que autoriza la demolición, aval que no se reintegra al particular o empresa hasta que presente el certificado de la planta gestora de haber recepcionado, para su reciclaje, este escombro.
Arcodega ve positivo el hecho de que el departamento de Medio Ambiente haya apostado por aprobar una ordenanza, pero cree que es preciso modificarla en los términos indicados. Asimismo entiende que Alonso no debe escudarse en el plazo de alegaciones sino actuar y "tener la humildad política de reconocer y reparar un error". Esta asociación valora que la concejala esté dispuesta a colaborar "y nos de la bienvenida", pero le recuerda que como asociación de profesionales llevan 12 años denunciando la gestión ilegal de residuos de construcción. Y que gracias a sus acciones las administraciones competentes abrieron medio centenar de expedientes por distintas materias, también por vertederos de estos residuos que funcionan al margen de la ley.
