El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra dictó a finales del mes pasado la declaración de concurso voluntario de acreedores a una inmobiliaria dezana. La sociedad, que nunca habría contado con personal específico, estuvo vinculada a una empresa de la comarca, que a su vez la traspasó a otro grupo hace varios años. Lo que debe determinar ahora la justicia es la liquidación de la inmobiliaria como única vía para su desaparición, además de comprobar si existen compromisos económicos que no fuesen satisfechos. Los acreedores tienen un mes de plazo para comunicar a la administración concursal la existencia de créditos.