La brecha que separa a la Policía Local y al ejecutivo estradense continúa abierta. Agentes de este cuerpo no conceden mucha credibilidad al ofrecimiento públicamente realizado por el alcalde, José López, en los últimos días tendente a resolver sus reivindicaciones laborales en el marco de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada inicialmente. Agradecen al regidor -a su vez jefe de esta unidad por su condición de máximo mandatario local- las "voluntades manifestadas" pero recomiendan al gobierno que "con valentía dé pasos al frente para solucionar los problemas endémicos de este colectivo".

"Se echan en falta reuniones a propuesta precisamente del señor alcalde para solventar los problemas existentes desde que él gobierna, donde a los problemas que venimos arrastrando desde hace años se suman los generados desde que él es el máximo responsable y que no son pocos", sostienen estos agentes en un comunicado remitido ayer. Seguidamente, recuerdan la "reciente falta de apoyo" a dos miembros de la Policía Local "al negarle la defensa jurídica por un problema surgido en el desempeño de sus funciones policiales", destacando que "ni siquiera se dignaron a remitirle a los afectados el informe en base al cual se le negaba dicha defensa".

En relación al conflicto laboral, estos guardias señalan que el alcalde "tendrá que ser muy valiente y afrontar la aprobación definitiva sin cruzar esa línea roja que menciona, que no es otra que la legalidad". "Estamos plenamente de acuerdo en que la debe cumplir, claro que existen diferencias entre lo que la legalidad es para él y lo que realmente es, que es la que esperamos que se lleva a efecto después de que se lo impongan en el juzgado, pues estamos plenamente convencidos que es allí donde alcanzaremos la legalidad que perseguimos", sostienen. Recuerdan en esta línea que fueron, precisamente, miembros de la Policía Local los que presentaron el contencioso administrativo cuya sentencia obligó a aprobar la RPT en un plazo de seis meses.

Al referirse ya a los medios materiales a los que aludió José López, caso del parque móvil de esta unidad o sus propias dependencias en la Praza da Feira, los agentes dicen alegrarse, como ciudadanos que son, de que se dote a este servicio de unas dependencias dignas y adecuadas "y no tercermundistas, como las que tenemos", recalcan. Añaden que todavía siguen prestado servicios vehículos "que deberían ser retirados de circulación, al menos dos de ellos".

En relación a los chalecos antibala, estos policías subrayan "que no fue tan grande el esfuerzo" del gobierno local, en la medida en que "la actual legislación exige que cada vehículo cuente con dos, hecho que a día de hoy no se cumple". Apuntan que desde el colectivo se pidió un chaleco para cada policía , de su talla correspondiente. "Por menos de la mitad de lo que cuesta uno de esos nuevos vehículos nos dotaba de una seguridad buena a todos los agentes ante un problema serio", inciden.

Estos efectivos también consideran que con los nuevos vehículos incorporados al parque móvil de esta unidad "son los ciudadanos los que deben alegrarse, no el colectivo de la Policía Local". "Para contentar a este colectivo tendrá que solucionar otros problemas para los que no pone empeño", dicen. "Si nosotros debemos ser agradecidos en ese sentido, ¿cómo deberán estar entonces los operarios de Protección Civil?", cuestionan, para seguidamente añadir: "la cantidad destinada a la reforma de sus nuevas instalaciones es inmensamente mayor a la destinada a la de la policía, y otro tanto en cuanto a la dotación de vehículos".

"Desde nuestra humildad, señor alcalde, le pedimos que cumpla le ley y no que pregone que no le pidamos que la incumpla; le pedimos que la cumpla y para ello ya tiene una sentencia. Y tendrá más si la sigue incumpliendo", recoge el comunicado. Piden asimismo a López que ponga "algo de entendimiento y no tanta guerra" en favor del funcionamiento del servicio que se presta a la ciudadanía.

Finalmente, estos guardias concluyen preguntando por el nuevo vestuario que, según el regidor, se entregó recientemente a la unidad y para el que había una partida de 25.000 euros en 2015. Dicen que, si se refiere a unos pantalones de aguas, "el importe es bastante inferior" y que fue hace dos años cuando se compraron y fueron devueltos "por no ajustarse a la normativa. "Nunca se nos entregaron otros", apostillan.