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La Agencia Tributaria investiga a la cooperativa Campodeza de Gresande por venta de gasóleo

Requiere documentación sobre este servicio de su gasolinera de varios años -Manuel Pichel afirma que están colaborando con la inspección y duda de que exista un delito

Nave y gasolinera de la cooperativa lalinense Campodeza. // Bernabé/Gutier

La cooperativa Campodeza de Gresande está siendo investigada por la Agencia Tributaria por posibles irregularidades en la venta de gasóleo en su estación de servicio. Por el momento no han trascendido demasiados detalles de este asunto, pero todo apunta a que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda trataría de indagar si el combustible subvencionado por el Estado se usó en los últimos tiempos con arreglo a la legislación.

La operación comenzó hace meses al personarse en la sede de la cooperativa lalinense agentes tributarios para realizar una inspección que todavía no se dio por finalizada y cuyo resultado podría acabar con la depuración de responsabilidades en la gestión de Campodeza. El presidente de la cooperativa y también máximo responsable de Xuncoga, Manuel Pichel, admite que la sociedad agrícola de Gresande fue objeto de una inspección "rutinaria" que comenzó "hace tres o cuatro meses" y que la dirección de la cooperativa está colaborando en todo momento. Señala que incluso están llevando personalmente a la delegación de la Agencia Tributaria documentación o facturas que le fueron requeridas, pero que en todo caso cree que no existe hecho punible alguno. "Nadie está libre de que le hagan una inspección", recalca, además de asegurar que la cooperativa ofrece información de todos los pasos que se están dando en este sentido. El presidente se muestra tranquilo y cree que la junta rectora y personal de la cooperativa hizo bien su trabajo, por lo que no se espera que la investigación pueda acabar en una sanción económica o en un proceso judicial.

Manuel Pichel asevera que en la estación de servicio de la cooperativa se ofrece el gasóleo solamente a los socios, combustible que se compra a varias empresas. "Tenemos un libro de registros y hasta es necesario contar con una cuenta bancaria distinta para la gasolinera. Incluso los inspectores nos dijeron que estábamos haciendo bien el trabajo". En todo caso admite que la Agencia Tributaria les reclamó las facturas emitidas y las de compra del combustible, que a diferencia del gasóleo que se sirve en las estaciones de servicio públicas, este está bonificado por el Estado. El gasóleo agrícola se oferta actualmente en estas cooperativas -Campodeza tiene en torno a un centenar de asociados- a precios que están entre los 58 y 60 céntimos y el precio de mercado del gasóleo para los otros vehículos ronda ahora un euro. "Tenemos las facturas de todo y estoy convencido de que aquí no hubo ningún fraude, de momento lo que hay es una inspección; nada más", reitera. Pero quizá consciente de que la investigación culmine de manera desfavorable a los intereses de Campodeza, subraya: "estamos colaborando con todo lo que nos piden, pero si hubiese alguna anomalía, habrá que fastidiarse".

Pichel confía en que este proceso no acarree consecuencias a la cooperativa que preside, pero algunos socios no lo ven tan claro.

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