José Antonio Rodríguez, viceportavoz del PP, rectificó ayer sus palabras en el pleno del viernes y matizó que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó "un escrito de solicitudes" relativas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el registro municipal el pasado 3 de noviembre, y no una alegación. El sindicato hacía distintas consideraciones relacionadas con la situación del personal municipal y con los presupuestos para 2016, además de pedir que se le invitase a la mesa general de negociación.

El escrito recoge la solicitud de un incremento general de los sueldos y las pagas extras, la reserva del 0,5% de la masa salarial para aportaciones a planes de pensiones, un fondo adicional para la equiparación de sueldos, derechos y coberturas entre laborales y funcionarios, la reposición del 100% de las plazas de los servicios públicos esenciales o la negociación de un convenio colectivo y la aplicación de los cuatro días por antigüedad. El propio Rodríguez admite que las propuestas del sindicato "son aspectos generales a tener en cuenta para la confección del capítulo 1 de los presupuestos".

El alcalde, por su parte, exigió ayer explicaciones al PP por sus "flagrantes mentiras" sobre la "falsa alegación" sindical. "Queda demostrado que el PP mintió para tratar de salvar la cara ante la opinión pública", pero ahora "les tiene que caer la cara de vergüenza ante un hecho gravísimo", sostiene el regidor, que acusa a los populares de "echarse al monte de la difamación con el único objetivo de desacreditar los presupuestos más sociales de la historia de Lalín". "Ya sé que en el PP no saben conjugar el verbo dimitir y que es inútil pedirles responsabilidades por tratar de engañar a los lalinenses, pero al menos deberían tener la decencia de salir públicamente a pedir perdón", añade.

Por último, Eduardo Rejo, responsable provincial del CSIF, dijo haber recibido ayer las llamadas de Rodríguez para pedirle disculpas y de Rafael Cuiña para aclarar lo sucedido. Y destacó la "buena predisposición" del alcalde para arreglar una situación laboral heredada que "roza la ilegalidad".