El Juzgado de lo Social Número 2 de Pontevedra desestima un recurso de la cantera de Campomarzo contra la diligencia que emitió esta sala para precintar tres vehículos y embargar las cuentas de la empresa. Este precintado y el embargo se hicieron efectivos al incumplir la empresa los plazos de pagos que se habían acordado hace justo un año, el 10 de diciembre de 2014. Con la desestimación del recurso, la sentencia pasa a ser definitiva.

La última nómina que cobraron los extrabajadores es la de junio, de modo que desde agosto no es que se produzca un retraso en los pagos, sino que están en una situación de impago, como recalcó ayer Antón Merayo, de la CIG. Merayo señala que ahora quedan dos alternativas "o bien la empresa pone el dinero en efectivo encima de la mesa" o bien, una vez que se precinten los vehículos por parte de la Guardia Civil, se valoren estos y se saquen a subasta pública, lo que podría tardar al menos seis meses. Y si el material precintado no cubre todo el dinero que se debe a los extrabajadores -72.470 euros de pasivo principal y otros 13.000 de intereses y costas-, "buscaremos otras vías" como el cobro a través del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, que no cubre el 100% de la indemnización que corresponde. La deuda inicial con estos extrabajadores rondaba los 180.000 euros.

Merayo está convencido de que la empresa que gestiona las canteras "está abocada a un cese o a una venta", puesto que también adeuda mensualidades a la plantilla actual, asegura. Por ello, propone seguir una línea similar a la que se puso en marcha con Industrias González, en la que los sindicatos buscaron compradores de bienes para saldar las deudas.