Más de una década llevan los vecinos de la comarca padeciendo los abusivos peajes de la AP-53 y, como cada final de año, la propuesta de tarifas no hace más que probar que tampoco se da respuesta a sus reivindicaciones. Los viajes por los distintos tramos de la vía de alta capacidad que conecta Santiago y Deza mantendrán sus carísimos precios, a excepción de un descuento pírrico de cinco céntimos para el trazado Compostela-Silleda y la misma cuantía para los vehículos pesados en toda la vía a su paso por la zona.

Los gobiernos municipales de Lalín, Silleda y Santiago han impulsado recientemente un frente común para reivindicar peajes justos en la autopista, aunque esta declaración de intenciones no invita demasiado al optimismo. Con todo, los alcaldes de los dos municipios dezanos coinciden en denunciar que la carestía de la AP-53 no solo es escandalosa, sino que representa un agravio para los vecinos. En estos tres municipios se presentarán mociones en las que se pide una rebaja en las tarifas; iniciativas plenarias que también serán remitidas a Xunta, Fomento y Bruselas.

"Que el peaje siga sin bajar, ni siquiera cuando estamos a las puertas de unas elecciones, es un evidente desprecio del PP hacia los vecinos", sentencia el primer edil lalinense, Rafael Cuiña. Añade que estas tarifas lastran claramente las posibilidades de reactivación de los flujos económicos y que es un "agravio" al tener que afrontar los ciudadanos, "también para las consultas médicas" un peaje "prohibitivo". En clave política lamenta que la ministra de Fomento, Ana Pastor, "ni siquiera mencionase este problema en sus distintos actos electorales en Lalín. Quizá no fue informada de las verdaderas necesidades que tenemos, pero en vez de hablar de la autopista anuncia un apeadero del tren que parece un ejercicio desesperado de política ficción que una propuesta creíble". Por último señala que Lalín, junto a Silleda y Santiago exigirán "con contundencia" la rebaja de las tarifas.

En la misma dirección se pronuncia el alcalde silledense, Manuel Cuiña, quien ve "falta de voluntad política" la resolución a un problema que convierte la autopista en un lujo en vez de en un servicio a la ciudadanía. "Quizá pueda llegar otro gobierno, ahora, que nos escuche", dice. Manuel Cuiña aporta otro clarividente argumento para entender que bajar las tarifas podría ser beneficioso para la concesionaria. Menciona los vehículos pesados que no usan la AP-53 porque a los transportistas no les es rentable, algo que sí harían si los precios se recortan a la mitad. "Los únicos camiones que se ven son los de mercancías peligrosas, porque están obligados. Si hubiese más camiones la empresa recaudaría más dinero", apunta. Y también reflexiona sobre el estado de la N-525, única alternativa a la vía de alta capacidad, que sigue saturada con más de 15.000 vehículos al día y sin las reformas pendientes para dotarla de carriles lentos. "La autopista solo está al alcance de los que tengan un poder adquisitivo alto. Que hagan lo que deban, pero no es lógico que tengamos una infraestructura de alta capacidad infrautilizada por tener unos precios prohibitivos". El gobierno de Silleda llevará al pleno de enero la moción conjunta con Lalín y Santiago.