La Audiencia Provincial confirma una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Lalín según la que se condena al Concello de Silleda a abonar 11.668 euros (más IVA) a un abogado que se encargó de diversos litigios del gobierno local entre los años 1997 y 2001. Según recoge la sentencia, el ayuntamiento en ningún momento discutió las cuantías de las minutas que le pasó el jurista, sino que se limitaba "a invocar dificultades de tesorería para justificar el impago", señala el fallo.
El demandante había recurrido la sentencia del juzgado lalinense, pues según las minutas que presenta el Concello le adeuda una cantidad muy superior, 62.652 euros. Pero la jueza, tras depurar todas las facturas y reducir las que considera excesivas, fija esa cantidad de casi 11.700 euros, de modo que solo estima parcialmente la demanda. Ante el recurso, la Audiencia Provincial lo desestima porque, si bien admite que las facturas no han prescrito (como pretendía el Concello), el demandante no presentó el dictamen de peritos o del Colegio de Abogados para indicar si sus minutas eran las correctas.
