La presencia de las viviendas de protección oficial sigue siendo testimonial en la zona. Si ya lo era antes de la crisis del ladrillo, mucho más ahora. Solo tres de las 91 viviendas que cambiaron de manos en la primera mitad del año gozaba de algún tipo de protección por parte de administraciones públicas: Dos fueron comercializadas en el municipio de Silleda y la otra en Lalín. Son menos aún que en el mismo período del año pasado, cuando se habían vendido cinco inmuebles protegidos, cuatro en A Estrada y otro en tierras de Trasdeza.